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LOS JURISTAS RECHAZAN LA QUEJA DEL GOBIERNO VALENCIANO CONTRA UN JUEZ POR NO ADMITIR TEXTOS EN CATALAN
LOS JURISTAS RECHAZAN LA QUEJA DEL GOBIERNO VALENCIANO CONTRA UN JUEZ POR NO ADMITIR TEXTOS EN CATALAN
LOS JURISTAS RECHAZAN LA QUEJA DEL GOBIERNO VALENCIANO CONTRA UN JUEZ POR NO ADMITIR TEXTOS EN CATALAN

 

PP y Cs acusan al número dos de Bravo de cometer una «injerencia» que supone un intento de «imposición» del Ejecutivo valenciano

 

A los abogados, jueces y oposición política les ha sorprendido y disgustado a partes iguales que el número dos de la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo, el secretario autonómico de Justicia y Administración Pública, Ferran Puchades (Compromís), haya enviado una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que expone la disconformidad con las decisiones de dos autos del juzgado de lo Contencioso número 3 de Alicante en los que se reclama a la Generalitat catalana que envíe sus escritos en castellano.

 

Puchades trasladó su malestar al CGPJ, que abrió diligencias. El magistrado del Poder Judicial que investigó los hechos concluye que la decisión está basada en el criterio de interpretación jurídica del juez y, por tanto, se debe recurrir en la causa y no a través del procedimiento empleado por Puchades, que ayer adelantó LAS PROVINCIAS.


«Las decisiones judiciales hay que respetarlas y los recursos, que existen, pueden interponerlos los perjudicados presentes en la causa. La Generalitat debe ser respetuosa con los estamentos judiciales. Pretender corregir al juez desde el Ejecutivo es improcedente», señalaron fuentes de la Audiencia de Valencia.

 

«Está fuera de lugar»

Mariano Durán, presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, consideró que la carta enviada por Puchades al CGPJ «está fuera de lugar porque es el secretario autonómico de Justicia, entre otras cosas, y no es de recibo que un alto cargo de la Generalitat presente una queja ante el CGPJ. En la Comunitat se permite usar cualquiera de las dos lenguas oficiales, castellano y valenciano. Está muy bien la respuesta que le da el CGPJ, pues la decisión del juzgado de Alicante es una potestad jurisdiccional. Salvo que se modifique el Estatut, aquí se emplea el castellano y el valenciano, y lo que no sea eso, está fuera de sitio».

 

«El CGPJ ya se ha pronunciado sobre la queja: es una cuestión jurisdiccional», señaló Esther Rojo, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura en la Comunitat, quien considera que son otros los problemas de su sector: «La preocupación de la sección territorial APM en estos momentos se centra en el despliegue del expediente digital, pues son muchos los compañeros y compañeras que están teniendo problemas con ello, y la dotación de medios personales y materiales para los juzgados provinciales sobre cláusula suelo, que entra en funcionamiento el próximo 1 de junio, y cuya especialización apareció ayer en el BOE».

 

Desde el ámbito político también llueven las críticas al Ejecutivo autonómico por una maniobra sin muchos precedentes en los últimos años. «La acción de Puchades permite desvelar la verdadera actitud de Compromís, ese nacionalistmo que intentan ocultar y que es una política totalitaristas, de imposición y de fulminar la división de poderes. Nos parece intolerable una intromisión en una decisión judicial que busca controlar absolutamente todo y de intentar de una manera o de otra crear esa ficción de los paissos catalans que ellos llevan escrito a fuego en su ideología», señaló ayer el diputado de Ciudadanos Toni Subiela.

 

Desde el PP, la abogada y parlamentaria en Les Corts María José Ferrer-San Segundo consideró que la actuación del secretario autonómico «supone una injerencia en otra Administración (los jueces dependen del Estado), por no hablar de que la conselleria competente en materia lingüística no es la suya».

 

Querencia de los 'botánicos'

 

«Las lenguas oficiales según el Estatut son el castellano y el valenciano, ninguna otra, se parezca o no», recordó la diputada popular, para quien «el derecho a la protección es de lenguas oficiales, no a cualesquiera otra, por mucha querencia que le tengan los 'botánicos'. Este ejercicio de poder del Consell demuestra que teníamos razón cuando decíamos que el objetivo de las normas que se estaban decretando (usos de lenguas oficiales, nueva oficina lingüística) no era proteger derechos, sino un corta y pega de la inmersión institucional y social que, como imposición, se ha desplegado en Cataluña. El episodio demuestra las prioridades del Consell».

 

FUENTE: LAS PROVINCIAS


Enviado el: 30 de Mayo de 2017 a las 17:50:00 (476 Lecturas)


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