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COMPROMIS Y EL ESTADO DE DERECHO
COMPROMIS Y EL ESTADO DE DERECHO
COMPROMIS Y EL ESTADO DE DERECHO

 

Muy desafortunadas fueron las declaraciones de la señora Oltra referentes a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de paralizar el decreto de plurilingüismo y suspender cautelarmente conciertos de Bachillerato. Recientemente Mónica Oltra declaraba que la sentencia del TSJCV que avala la orden de becas universitarias es «una alegría» que demuestra que la Conselleria de Educación hizo las cosas como se tenían que hacer. Pues ahora se demuestra lo contrario, que se actuó con arbitrariedad, sin salvaguardar los derechos de los padres a elegir el tipo de educación que prefieren para sus hijos como garantiza la misma Constitución Española en su artículo 27, a saber: «Se reconoce la libertad de enseñanza. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus propias convicciones».

 

Pero Mónica Oltra no sólo no reconoce el auto sino que arremete contra los jueces, para afirmar: «Un tribunal no puede ser una segunda cámara». Oltra tilda de políticos a los magistrados y les reta a que se presenten a elecciones alegando que para tomar decisiones políticas primero hay que ganar unos comicios. Pero no entiende la diferencia entre las decisiones políticas y jurídicas, aunque cuando estaba en la oposición lo entendía perfectamente y le encantaba.

 

La dirigente nacionalista parece olvidar que en un Estado de derecho cualquier medida o acción debe estar sujeta a una norma jurídica escrita y las autoridades del Estado están limitadas estrictamente por un marco jurídico preestablecido que aceptan y al que se someten en sus formas y contenidos. Así pues, el poder del Estado queda subordinado al orden jurídico vigente. Y en un estado de derecho moderno la separación de poderes es un orden y distribución de las funciones del Estado.


Aquellas alegrías que Compromís recibió de los tribunales, en un tiempo no tan lejano, cuando se imputaba por decenas a los diputados del PP, se vuelven hoy tristezas. Para Oltra la separación de poderes fue la manera de llegar al gobierno y ahora es un impedimento para poder gobernar. Los jueces fueron su aliado y ahora su enemigo. Pero los jueces son los mismos y si antes, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, creyeron oportuno imputar a cargos del gobierno, ahora creen oportuno paralizar decretos que el actual gobierno parece haber legislado vulnerando los derechos fundamentales de los ciudadanos, como es la libre elección de un centro educativo. Para no ser incoherentes, deberían revisar en sus filas, ya que dirigentes de Compromís y PSOE han estudiado en centros concertados y siguen eligiendo centros concertados para que estudien sus hijos.

 

Como bien ha dicho el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, las declaraciones de la vicepresidenta del Consell son improcedentes. Por su parte, la presidenta del PPCV también reprochó a la vicepresidenta que haya atentado contra la independencia de los jueces, pues son indignantes las manifestaciones de Oltra y con ellas pretende finiquitar el Estado de derecho. Porque los jueces dictan resoluciones en base a argumentos jurídicos, en base a la Constitución y las leyes. Y si no le gustan las decisiones judiciales, las puede recurrir.

 

Pero Mónica Oltra parece sufrir amnesia de los que fueron artífices de su llegada al poder; porque fueron los casos de corrupción del Partido Popular los que ayudaron a Mónica Oltra a erigirse como alternativa honrada. Aunque quizás olvidara que los votantes no son corruptos, sino que eligen libremente a un partido con el que se identifican ideológicamente. Los que se han aprovechado de un partido y de un gobierno para fines personales no son dignos, pero no hacen indigno al partido y mucho menos a los votantes del mismo. La ideología del Partido Popular sigue siendo la misma, caiga quien caiga, y muchos siguen prefiriendo el Partido Popular al sectarismo de Podemos, Compromís o el PSOE.

 

Porque si tanto tiempo en la Comunitat Valenciana ha estado gobernando el Partido Popular ha sido por haber conseguido transformarla en la envidia de España, pero también por haber gobernado sin sectarismos, manteniendo en puestos de relevancia a personas independientes, incluso de ideología de izquierdas. Así pues, en las consejerías existían jefes de servicio y jefes de área de la época anterior que no sólo no fueron cesados sino en algunos casos promocionados, pues una persona competente lo es independientemente de su ideología.

 

Cosa muy diferente es la merienda de negros a la que estamos asistiendo atónicos, en la que cesan a cualquier persona que estuviera ocupando un cargo de responsabilidad en el anterior gobierno, como es el caso de Inmaculada Gil Lázaro, directora de Teatres de la Generalitat, a la que no sólo cesaron de su cargo, sino que la persiguieron para que no pudiera siquiera regresar al puesto de trabajo que tenía consolidado. De nuevo ha sido el TSJ quien ha declarado improcedente el despido de CulturArts de la exdirectora.

 

En definitiva, una forma de gobernar irrespetuosa y censurable con los ciudadanos que no piensan como ellos, irrespetuosa con los jueces que hacen su trabajo. Una forma de ser que no nos gusta ni a los de derechas ni a los de izquierdas ni a los nacionalistas. Una forma de gobernar autoritaria que será duramente castigada por los ciudadanos en las próximas elecciones. Que se vayan haciendo amigos de Ciudadanos a ver si les salen las cuentas.

 

FUENTE: LAS PROVINCIAS


Enviado el: 14 de Agosto de 2017 a las 13:36:51 (642 Lecturas)


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