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NUEVA OFENSIVA CONTRA EL JUEZ DE ALICANTE QUE RECHAZO LOS ESCRITOS EN CATALAN
NUEVA OFENSIVA CONTRA EL JUEZ DE ALICANTE QUE RECHAZO LOS ESCRITOS EN CATALAN
NUEVA OFENSIVA CONTRA EL JUEZ DE ALICANTE QUE RECHAZO LOS ESCRITOS EN CATALAN

 

El TSJ investiga la actuación del magistrado tras la queja de una asociación en defensa de la lengua que pide una sanción contra el titular

 

Nueva ofensiva judicial contra José María Magán, el juez del juzgado de lo Contencioso número 3 de Alicante, que ha rechazado escritos de la Generalitat de Cataluña y ha obligado al Govern a que los presentara en castellano. El magistrado argumenta que ninguno de los estatutos de la Comunitat Valenciana -el de 1982 y la posterior reforma- «ha contemplado nunca ni reconocido la cooficialidad de la lengua catalana» en el territorio valenciano.

 

Ahora, la Plataforma Per la Defensa de la Llengua coge el relevo de la ofensiva que inició en su día la Generalitat Valenciana -sin ser parte en el asunto- ante el descontento por la anterior resolución. La entidad, que se define como una especie de ONG del catalán en la defensa del idioma, ha presentado una queja en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) en el que pide que se tramite un expediente sancionador contra el profesional. De momento, el alto tribunal ha incoado unas diligencias de información para abordar el asunto. La primera acción ha sido dar traslado de la protesta al afectado para que este presente alegaciones.


La citada plataforma recuerda que el juez, natural de Barcelona, tiene reconocido el dominio del catalán. La entidad aporta diferentes documentación para sustentar su queja. Entre ella, amplia jurisprudencia que avalaría la equiparación de las denominaciones de valencià y català tanto en el ámbito universitario como en el jurídico y el administrativo. De igual modo, incorpora el dictamen de la Academia Valenciana de la Llengua como prueba de que el valenciano es una variedad de la lengua catalana. Añaden, además, el artículo 231 Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que recoge que las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma oficial de una comunidad autónoma tendrán plena validez sin necesidad de traducirlos.

 

Resolución inicial

 

El juez, no obstante, en su resolución que desató la polémica recordaba que había dos excepciones al punto anterior. Una, cuando se presenten en un juzgado de fuera de esa autonomía. Y la segunda cuando las lenguas cooficiales «no son coincidentes». «La lengua en la que el escrito remitido está redactado (catalán) no es coincidente con la declarada como oficial en la Comunidad a la que el escrito se dirige», es decir, la valenciana. «Esta cuestión ya fue libremente decidida y resuelta por la Comunidad. La lengua oficial es el valenciano, no el catalán», indicaba en aquel auto. Cuestión aparte es el análisis lingüístico acerca de si la lengua catalana «puede ser o no ser asimilable a la lengua valenciana».

 

Los denunciantes concluyen que el profesional ha actuado de mala fe al obviar que en determinadas sentencias se concluye que el valenciano y el catalán «son dos denominaciones de la misma lengua». Así, considera que ha vulnerado la LOPJ al obligar a la Generalitat de Cataluña a traducir los escritos al castellano.

 

Desde la citada plataforma subrayan que el Poder Judicial ya le impuso en su día sanciones económicas por faltas graves a raíz de los expedientes abiertos por las quejas del entonces Gobierno de Artur Mas, por los términos empleados en sus resoluciones al comentar la preponderancia del catalán frente al castellano. Finalmente el juez pidió el traslado a Alicante.

 

La Abogacía catalana, en un primer intento, desobedeció al juez. Insistió en entregar de nuevo la documentación en catalán. Fue entonces cuando el titular les advirtió de que acudiría a la Fiscalía si persistían en su postura. Finalmente desistieron.

 

Esta acción de la citada entidad se suma a la extraña iniciativa que emprendió en su día el número dos de Justicia, Ferran Puchades. El dirigente de Compromís presentó una queja ante el Poder Judicial al estar disconforme con la decisión del juez. Las asociaciones judiciales y la oposición defendieron al magistrado y tacharon de «injerencia» la actuación del alto cargo. El Poder Judicial desestimó la queja y dijo que se trataba de una decisión dentro de su ejercicio jurisdiccional. Lo más probable es que las diligencia del TSJ terminen de idéntica manera.

 

FUENTE: LAS PROVINCIAS


Enviado el: 19 de Agosto de 2017 a las 07:40:57 (490 Lecturas)


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