Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la navegación y poder obtener estadísticas de uso. Al continuar con tu navegación significa que das tu consentimiento a nuestra política de cookies.

Continuar
LA POLICIA LLEVO A MADRID LAS FACTURAS DEL PSPV Y BLOC POR LOS INTENTOS DE PRESION
LA POLICIA LLEVO A MADRID LAS FACTURAS DEL PSPV Y BLOC POR LOS INTENTOS DE PRESION
LA POLICIA LLEVO A MADRID LAS FACTURAS DEL PSPV Y BLOC POR LOS INTENTOS DE PRESION

 

Se nombró a dos instructores en Valencia para iniciar las diligencias, pero se derivaron a la brigada central de Blanqueo de Capitales ante las interferencias

 

El juzgado designó a investigadores de fuera de la Comunidad

 

Un asesor de Ximo Puig sirvió un 'pelotazo' inmobiliario a la red del PSPV y Bloc

 

La documentación de la agencia de comunicación Crespo Gomar sobre la facturación en la campaña de 2007 del PSPV-PSOE y el Bloc, el socio mayoritario de Compromís, fue derivada a la brigada central de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional ante los intentos de presión que se produjeron desde diversos ámbitos.

 

Según confirmaron a EL MUNDO fuentes conocedoras de las diligencias, en un primer momento se nombró a dos agentes de Valencia para que comprobaran la autenticidad de la documentación, pero poco tiempo después el asunto fue trasladado a Madrid por las interferencias detectadas para garantizar el bueno curso del procedimiento.

 

El levantamiento parcial del secreto de sumario de las actuaciones ha sacado a la luz que fue el presidente del PP en la provincia de Alicante, el diputado autonómica José Císcar, quien entregó a mediados del año 2016 la documentación en una comisaría de la Policía en la ciudad de Valencia.


El primer equipo policial que se ocupó del asunto procedía de la Comunidad Valenciana, según reiteraron estas fuentes, y su primera diligencia consistió en comprobar la veracidad de la documentación. Los agentes accedieron a una plataforma de la Agencia Tributaria para cruzar los resultados y constataron que las facturas entre Crespo Gomar y las empresas que aparecen como supuestos donantes de ambas formaciones políticas eran reales.

 

A continuación, se encargaron una serie de diligencias y los agentes de Madrid se hicieron cargo de la operación para bloquear los intentos de intervención política en el caso. La brigada de Blanqueo de Capitales remitió a la Ciudad de la Justicia un oficio con abundante documentación y el juzgado impuso el secreto de las actuaciones para que el expediente no se filtrara y comprobar si Crespo Gomar había recibido contrataciones públicas tras la campaña del año 2007.

 

Las resoluciones de la magistrada-instructora, la juez Nieves Molina, incluidas en las diligencias repartidas entre cuatro juzgados de la Comunidad Valenciana y Madrid, no son ajenas a esta circunstancia.

 

En el auto de inhibición, la juez relata que el secreto de las actuaciones debía prorrogarse por razones «consistentes en evitar que se frustre el resultado de la investigación que se está llevando a cabo, y que se frustre la práctica de otras diligencias que pudieran acordar los órganos jurisdiccionales que finalmente continúen con la instrucción».

 

El sumario recoge que, además de cambiar de brigada policial, la juez optó por nombrar un perito de fuera de la Comunidad Valenciana para que analizara diversas operaciones presuntamente irregulares, como el acuerdo inmobiliario que permitió a los Gomar enriquecerse tras una subvención del Ayuntamiento de Gandía para que se instalara en un local de su propiedad la Federación valenciana de fútbol.

 

El juzgado solicitó un informe pericial para conocer el valor real del inmueble y el dinero que ganaron los Gomar, pero la Conselleria rechazó la petición por falta de «provisión de fondos». La falta de medios paralizó la causa y el juzgado de Valencia remitió a Gandía el expediente sin que se practicara la prueba.

 

FUENTE: EL MUNDO


Enviado el: 16 de Abril de 2018 a las 20:31:29 (364 Lecturas)


Puedes consultar esta misma pagina en: Español

Comentarios: