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DICTADURA LINGUISTICA EN VALENCIA: DESTERRAR EL ESPAÑOL A TODA COSTA
DICTADURA LINGUISTICA EN VALENCIA: DESTERRAR EL ESPAÑOL A TODA COSTA
DICTADURA LINGUISTICA EN VALENCIA: DESTERRAR EL ESPAÑOL A TODA COSTA

 

Ribó impone su dictadura lingüística en Valencia y destierra el español de las actas municipales

 

Puig y Oltra “penalizan” profesionalmente a los profesores que usen el nombre español de su universidad

 

El alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), ha asestado un nuevo golpe al idioma español en su estrategia para desterrarlo de la administración municipal: las actas de las juntas de distrito ya sólo quedarán registradas en valenciano, único idioma que venía aplicando también para las actas de los plenos del Ayuntamiento. Además, ha retirado de la web municipal todas las actas anteriores que sí estaban en los dos idiomas. La dictadura lingüística avanza en la tercera ciudad de España.

 

La decisión de suprimir el español en las actas de las juntas municipales llega después de que el Defensor del Pueblo exigiera a Ribó publicar también en castellano las actas del Pleno de la Corporación, así como las resoluciones de su gobierno, para evitar la discriminación lingüística.

 

El Defensor del Pueblo constató que el alcalde nacionalista no respetaba los derechos lingüísticos de todos los valencianos al imponer el valenciano como único idioma en la publicación de las actas de las sesiones del Pleno municipal y en las resoluciones del gobierno municipal. En una resolución adelantada por OKDIARIO el pasado mes de febrero, el Defensor del Pueblo recriminaba al gobierno municipal por discriminar a los castellanoparlantes.

Para todos los valencianos

 

El Defensor del Pueblo reconocía que la Ayuntamiento estaba legalmente habilitado para redactar sus documentos en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la región, el español y el valenciano. Pero eso no significaba —explicaba la resolución— que los ciudadanos que desconocen el valenciano no pudieran ver sus derechos lesionados.

En este sentido, el Defensor del Pueblo explicaba que surgía un problema cuando el derecho de la administración municipal a publicar en uno solo de los dos idiomas oficiales impide a los ciudadanos entender el contenido de las actas y resoluciones, puesto que no todos los ciudadanos de Valencia entienden el valenciano y porque el Ayuntamiento se relaciona no sólo con vecinos de la ciudad, sino también con otros sujetos personales y jurídicos que no residen ni en la capital valenciana ni siquiera en la misma Comunidad autónoma.

 

El Defensor del Pueblo denunció el problema que existe cuando el derecho de la administración a publicar en uno solo de los dos idiomas oficiales impide a los ciudadanos entender el contenido de las actas y resoluciones

 

De tal forma que —explicaba el Defensor del Pueblo— “cuando alguno de los acuerdos adoptados afectan de manera individual y específica a determinados ciudadanos, la publicación de las actas podría equivaler en algún caso al cumplimiento de la obligación de notificar a los interesados en un procedimiento las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, por lo que es relevante la lengua que se use para que entiendan el contenido de esos acuerdos”.

 

Entiendía el Defensor del Pueblo que cuando el gobierno municipal de Ribó impone exclusivamente el valenciano en sus actas, acuerdos y resoluciones, lo está haciendo sin tener en cuenta una realidad social existente y olvidando que “todos tienen derecho a acceder a la información pública” en los términos previsto en el artículo 105.b de la Constitución, que protege el derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos.

 

Por todo ello, el Defensor del Pueblo resolvía instando al gobierno municipal de Joan Ribó a publicar en versión bilingüe tanto las actas de sus reuniones como las del Pleno en la web del Ayuntamiento y en el Tablón de Edictos. La respuesta del alcalde ha sido la contraria: suprimir el español de las únicas actas municipales que aún lo conservaban.

 

 


Puig y Oltra “penalizan” profesionalmente a los profesores que usen el nombre español de su universidad

 

Profesores universitarios de Valencia denuncian el “chantaje” lingüístico de la Generalitat —gestionada por el bipartito de Ximo Puig y Mónica Oltra— por la que se les impone el uso del nombre de sus centros en valenciano en los trabajos de investigación a cambio de no ser “penalizados” económicamente.

 

La polémica —resultado de la aplicación normativa en materia lingüística liderada por Compromís y que reproduce el modelo impuesto por los partidos nacionalistas en Cataluña— surge los últimos meses del pasado curso cuando, según ha podido saber OKDIARIO, varios docentes recibieron la recomendación verbal, por parte de sus respectivos Consejos de Departamento, de utilizar en todas aquellas publicaciones, materiales didácticos, diapositivas y apuntes la nomenclatura valenciana de las universidades donde imparten clases.

 

En caso contrario, todos ellos quedarían condicionados a que dichos trabajos no fuesen computados como méritos curriculares lo que afectaría a una reducción de su índice investigador, que es la referencia objetiva utilizada para determinar sus retribuciones variables como docentes. 

Se arriesgan a que sus publicaciones e investigaciones no sean computadas como méritos curriculares, con repercusión en el sueldo 

 

Así, aquellos profesores que durante el próximo curso opten por mantener una postura “españolista” en el ejercicio de su libertad de cátedra verán congelado el aumento de su índice a pesar de que su número anual de documentos supere el de los elaborados y firmados por sus compañeros “valencianistas”.

Además de mermar el importe de sus sueldos mensuales, todos ellos verían estancada la consolidación de pluses adicionales como trienios o sexenios e incluso eliminada la posibilidad de reducir créditos de docencia a cambio de horas libres para investigación en la misma proporción que quienes acepten cumplir las indicaciones recibidas. 

 

La medida, sin embargo, encierra una ‘trampa’ ya que sólo se estaría ignorando la productividad investigadora —aplicada a las publicaciones que contengan el nombre del centro universitario en su versión española— para penalizar individualmente a los docentes.

 

En cambio, sí tendrían en cuenta en el cómputo global de la Universidad los trabajos firmados en dichas condiciones para evitar que con ello quedase afectado el ranking del propio centro, ya que el ratio investigador es uno de los criterios considerados para baremar la posición asignable a cada uno de entre el total de universidades españolas incluidas en el mismo. 

 

 La ‘dictadura lingüística’ de Puig y Oltra

 

La polémica nace a partir de los cambios de denominación sufridos por varias Universidades públicas, como la Politécnica de Valencia o la Jaime I de Castellón, cuando tras la aprobación del Decreto 182/2011, de 25 de noviembre, del Consell, se aprueba la reforma de los Estatutos de la Universidad valenciana.

 

Resultado de la aplicación estricta de la normativa lingüística, liderada por los nacionalistas de Compromís, a los centros de enseñanza superior de la Comunidad Valenciana, varios de ellos perdieron su nomenclatura en español para pasar a denominarse oficialmente en valenciano como única opción.

 

Así lo recoge, por ejemplo, el artículo 1 del referido Decreto de 2011 de reforma estatutaria de la universidad valenciana, en relación a la denominación, naturaleza, valores y principios inspiradores: “La Universitat Politècnica de València es la denominación oficial única que adopta la institución regida por estos Estatutos”.

 

La citada norma deroga la vigente hasta entonces, el Decreto 253/2003, de 19 de diciembre, del Consell, que a diferencia de la modificación ulterior permitía la utilización indistinta de ambas nomenclaturas en cualquiera de las lenguas cooficiales con idéntica validez.

 

Puig y Oltra “penalizan” profesionalmente a los profesores que usen el nombre español de su universidad

 

Los docentes consultados por OKDIARIO confirman que hasta la fecha no se había producido antes un ‘chantaje’ similar, aunque recuerdan las discriminaciones públicas y notorias que se producen en materia de sueldos y de becas a alumnado y doctorandos en base a criterios exclusivamente lingüísticos.

 

FUENTE: OK DIARIO

 

OK DIARIO

 


Enviado el: 23 de Agosto de 2018 a las 07:32:34 (417 Lecturas)


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