Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a un joven de 25 años como presunto autor de un delito de incitación al odio tras, junto a otros dos hombres, agredir e insultar a otro varón de 30 años al grito de "fascistas fuera de nuestro barrio".
Las investigaciones se iniciaron el 29 de abril al tener conocimiento los policías de que un joven, cuando se encontraba parado en su motocicleta en un semáforo de la avenida Serrería de la capital, sufrió una agresión por parte de tres jóvenes, explica el cuerpo de seguridad a través de un comunicado.
Durante las investigaciones, los agentes averiguaron que estos tres jóvenes se bajaron de un turismo y se abalanzaron sobre la víctima a la que le propinaron patadas y puñetazos, así como le profirieron insultos como "fascistas fuera de nuestro barrio".
Al día siguiente, añade la Policía, la víctima había recibido varios mensajes privados en su cuenta de una red social, así como una conversación hablando de una agresión y una fotografía en la que aparecían cuatro jóvenes que sostenían una bandera republicana.
ENTREVISTA del diario LAS PROVINCIAS
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat ha suspendido cautelarmente la aplicación del decreto plurilingüe a petición, entre otros, de la Plataforma para la Defensa del Castellano.
-¿Satisfechos?
-Sí. Ha aceptado una medida cautelar con un recurso interpuesto por una entidad de la sociedad civil, no por una institución. Haber sido admitido a trámite supone que se nos reconoce legitimidad a los reclamantes y que hay razones fundadas para la tramitación, sin prejuzgar el resultado final.
-¿Qué pasará el curso que viene?
-Nos dicen que lo más seguro es que no haya sentencia antes de que empiece el curso. Si es así se tendrá que aplicar el decreto de 2012.
-Y si no se diera ese caso.
-El decreto pone un calendario mínimo de implantación, pero no pone máximos. Hay colegios que han puesto un avanzado en Primaria. Por eso denunciaremos a cualquier centro, a cualquier director, que aplique el nuevo modelo estando paralizado. Se ha elaborado un escrito para que la gente pueda denunciar a los centros que no informen del proyecto lingüístico de centro tal y como estaba en la ley anterior porque, según nos llega, hay colegios que han eliminado directamente la línea en castellano. Creo que la vía es denunciar. Las asociaciones y plataformas estamos dispuestas a actuar de pantalla porque hay miedo.
-¿Miedo?
-Existe miedo. Hay quien se tiene que callar porque le señalan con el dedo. Se sienten acosados. Es intolerable en una sociedad democrática. No pueden decir lo que piensan del idioma o que España es una nación.
«El sistema educativo está para que los niños aprendan, no para hacer política»
Docentes que dan clases en Cataluña no pueden regresar a su tierra al no tener la capacitación
Mariano Serrano, profesor de Secundaria de Valencia, se trasladó hace nueve años a Cataluña para poder ejercer, ante la falta de plazas en su comunidad. Tras dar clases de Economía en un instituto de Barcelona durante casi una década, el año pasado decidió regresar a Elche, su localidad natal y en la que reside su familia. Se presentó al Concurso General de Traslados, que se convoca cada dos años para los docentes que quieren cambiar de comunidad, y obtuvo una buena puntuación, casi 39 puntos. Lo tenía todo preparado, aunque sus planes se truncaron cuando supo que para ser profesor en Valencia le exigían, a partir del 1 de septiembre de 2017, un nuevo título lingüístico, la Capacitación en Valenciano.
«Cuando leí las bases de la convocatoria, el pasado noviembre, ya no tenía tiempo de sacarme la acreditación», explica a ABC el profesor, que ha elevado su caso al Defensor del Pueblo catalán y al valenciano, iniciando los trámites para llevarlo a la Justicia. «Soy una persona muy meticulosa, a la que no le gustan las sorpresas», afirma. Por ese motivo, empezó a planificar su vuelta hace meses. «Vi que solo había una plaza en Elche y era en un instituto que estaba a siete minutos de casa de mi familia. Cuando vi mi puntuación en el concurso, pensé que todo iba sobre ruedas. Lamentablemente, tendré que estar dos años más en Cataluña», denuncia.
A Mariano le parece «surrealista» que el Gobierno valenciano exija esa acreditación cuando él ya dispone del título más elevado de conocimiento del valenciano (Certificado de Grado Superior de Valenciano, expedido por la Junta Calificadora de Conocimientos del valenciano), que equivale al nivel 2 del marco europeo. «Además tengo el nivel C, que es el que le piden a cualquier docente para impartir clases», añade. Reconoce que no se trata de una exigencia nueva, ya que entró en vigor a raíz de una orden, vigente desde 2013, aunque «ahora el 1 de septiembre se acaba el plazo para obtenerlo».
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) ha vuelto a suspender cautelarmente por tercera vez el decreto sobre pluirlingüismo. En esta caso, el TSJ acepta tomar medidas cautelares por el recurso presentado por el sindicato USO. El auto, como ya hacía el de ayer en respuesta al recurso de la Asociación para la Defensa del Castellano, remite a los mismos argumentos utilizados para aceptar el de la Diputación de Alicante.
En concreto la resolución del TSJ señala que «la cuestión debatida en esta pieza separada es idéntica a la que se resolvió por auto de fecha de 23 de mayo de 2012 dictada en la pieza de medidas cautelares nº 142/2014, en que se pedía la suspensión del Decreto 9/17, de 27 de enero, que establecía el modelo lingüístico educativo valenciano en la enseñanza no universitaria. Las razones señalas en el referido auto son totalmente trasladables al caso que nos ocupa, por lo que procede dar la misma solución jurídica, en virtud de los principios de seguridad jurídica y unidad de doctrina». Ante ello, acuerda la adopción de las medidas cautelares solicitadas por la DDC «sin necesidad de prestar fianza».
El escrito lamenta la «inacción de la Conselleria ante la politización y el ataque a las señas de identidad»
Banderas y denominaciones que no son las oficiales que incumplen el Estatuto de Autonomía o una «Diada» para referirse a la festividad oficial de la Comunidad Valenciana. La Plataforma Valencianista PLV ha presentado una denuncia ante la Inspección Educativa de la Generalitat relativa al Departamento de Valenciano del Insitituto de Educación Secundaria La Melva de la localidad alicantina de Elda, que extiende a la Conselleria por «su inacción por adoctrinar, politizar y atacar las señas de identidad del pueblo valenciano en este departamento».
De acuerdo con la denuncia, «a través de diversas publicaciones en redes sociales e internamente se llega a aseverar falsamente que en nuestro territorio se habla catalán, no valenciano, o se difunden publicaciones con la bandera cuatribarrada y no con la Real Senyera coronada, llaman «diada» al 9 d'Octubre, o nombran a nuestro territorio con el nombre no oficial e imaginario de "país valenciano" y no Comunidad Valenciana, incumpliendo de esta forma la legalidad vigente en materia lingüística, de símbolos y el propio Estatuto de Autonomía».
Aida Ginestar Pau, de Compromís. Así se llama la controvertida actual concejal de Deportes y Cultura del Ayuntamiento de Alzira (Valencia), un consistorio gobernado por el nacionalista Diego Gómez, gracias a un acuerdo tripartito entre la formación de Mónica Oltra, PSPV-PSOE y EU. Y decimos controvertida porque Ginestar ha protagonizado algunas polémicas en su municipio.
Pero sin duda, la más sonada ha sido la que ha lidiado recientemente en las redes sociales. Aida Ginestar se ha pasado de frenada en su perfil de Facebook, con unas críticas a las que ya nos tienen acostumbrados los "nuevos" dirigentes salidos de las urnas tras las pasadas elecciones municipales y que se autodenominaron como "alcaldes del cambio": los reiterados ataques a la Iglesia católica y a los símbolos y tradiciones cristianas.
La victoria del Real Madrid frente a la Juventus en la final de Champions le ha explotado en las manos a TV3. La cadena pública catalana indignó al madridismo con un provocativo vídeo promocional en el que se posicionó claramente a favor del equipo de Turín.
ERC, PNV, Compromís y EH Bildu han pedido la comparecencia urgente del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ante la «extrema gravedad» del estado de salud en la que dicen que se encuentra el preso de ETA Ibon Iparraguirre para plantearle diversas cuestiones como si procedería su excarcelación.
La iniciativa ha sido registrada por Joan Tardá (ERC), Aitor Esteban (PNV), Joan Baldoví (Compromís) y Marian Beitialarrangoitia (EH Bildu).
En la misma explican que «Ibon Iparraguirre tiene SIDA y además de otras afecciones presenta las defensas muy bajas y esta semana ha sido hospitalizado tras serle diagnosticada una neumonía, una enfermedad de poca trascendencia que puede ser un desencadenante irreversible en su caso».
Los citados diputados quieren que el ministro «explique cuál va a ser la actuación del Gobierno en aras a garantizar los derechos que la ley reconoce a toda persona presa que padece una enfermedad incurable».
«Realmente creo que usted ya no está contento como conseller y quiere dimitir»
Podría parecer el título de una película de adolescentes americanos en la High School, pero no. Los líos en las aulas de los colegios e institutos de nuestra Comunidad Valenciana, existen únicamente porque un político irresponsable que sigue criterios ideológicos, ha decidido crear problemas donde no los había en vez de gestionar y ser útil a la sociedad valenciana. Pero este es el sello de Compromís y de sus secuaces.
Los frentes entre la conselleria del señor Marzà y las escuelas, alumnos, profesores, asociaciones de padres y sindicatos, son cada vez más numerosos y con pocas soluciones en un futuro próximo, máxime cuando la Justicia ha hablado gracias a la petición de la Diputación de Alicante y el nuevo curso 2017-2018 promete más vicisitudes para todos, por culpa de la política lingüística del Consell. Pero al Sr. Conseller de ¿Educación? sólo le interesa una cosa, la guerra ideológica. Sus batallas van por otro lado. Después de intentar aniquilar la educación concertada, el señor Marzà nos sale con una propuesta muy interesante: ajustar el calendario escolar por motivos pedagógicos eliminando las festividades religiosas para los escolares.
El sindicato reclama al TSJ la suspensión cautelar de la norma
El sindicato CSI·F ha interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) un recurso contencioso contra el decreto 61/2017, de 12 de mayo, del Consell que regula los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en la Administración de la Generalitat.
La central sindical ha pedido a sala la suspensión cautelar "por los perjuicios de imposible o difícil reparación" que considera que implciaría esta normativa, según ha informado el sindicato en un comunicado.
El decreto establece, en relación a la atención al público, el personal funcionario «iniciará en valenciano la comunicación, así como los sistemas telefónicos o telemáticos automáticos tendrán el valenciano como primera lengua».
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