El alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), ha asestado un nuevo golpe al idioma español en su estrategia para desterrarlo de la administración municipal: las actas de las juntas de distrito ya sólo quedarán registradas en valenciano, único idioma que venía aplicando también para las actas de los plenos del Ayuntamiento. Además, ha retirado de la web municipal todas las actas anteriores que sí estaban en los dos idiomas. La dictadura lingüística avanza en la tercera ciudad de España.
La decisión de suprimir el español en las actas de las juntas municipales llega después de que el Defensor del Pueblo exigiera a Ribó publicar también en castellano las actas del Pleno de la Corporación, así como las resoluciones de su gobierno, para evitar la discriminación lingüística.
El Defensor del Pueblo constató que el alcalde nacionalista no respetaba los derechos lingüísticos de todos los valencianos al imponer el valenciano como único idioma en la publicación de las actas de las sesiones del Pleno municipal y en las resoluciones del gobierno municipal. En una resolución adelantada por OKDIARIO el pasado mes de febrero, el Defensor del Pueblo recriminaba al gobierno municipal por discriminar a los castellanoparlantes.
Para todos los valencianos
El Defensor del Pueblo reconocía que la Ayuntamiento estaba legalmente habilitado para redactar sus documentos en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la región, el español y el valenciano. Pero eso no significaba —explicaba la resolución— que los ciudadanos que desconocen el valenciano no pudieran ver sus derechos lesionados.
En este sentido, el Defensor del Pueblo explicaba que surgía un problema cuando el derecho de la administración municipal a publicar en uno solo de los dos idiomas oficiales impide a los ciudadanos entender el contenido de las actas y resoluciones, puesto que no todos los ciudadanos de Valencia entienden el valenciano y porque el Ayuntamiento se relaciona no sólo con vecinos de la ciudad, sino también con otros sujetos personales y jurídicos que no residen ni en la capital valenciana ni siquiera en la misma Comunidad autónoma.
El Defensor del Pueblo denunció el problema que existe cuando el derecho de la administración a publicar en uno solo de los dos idiomas oficiales impide a los ciudadanos entender el contenido de las actas y resoluciones
De tal forma que —explicaba el Defensor del Pueblo— “cuando alguno de los acuerdos adoptados afectan de manera individual y específica a determinados ciudadanos, la publicación de las actas podría equivaler en algún caso al cumplimiento de la obligación de notificar a los interesados en un procedimiento las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, por lo que es relevante la lengua que se use para que entiendan el contenido de esos acuerdos”.
Entiendía el Defensor del Pueblo que cuando el gobierno municipal de Ribó impone exclusivamente el valenciano en sus actas, acuerdos y resoluciones, lo está haciendo sin tener en cuenta una realidad social existente y olvidando que “todos tienen derecho a acceder a la información pública” en los términos previsto en el artículo 105.b de la Constitución, que protege el derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos.
Por todo ello, el Defensor del Pueblo resolvía instando al gobierno municipal de Joan Ribó a publicar en versión bilingüe tanto las actas de sus reuniones como las del Pleno en la web del Ayuntamiento y en el Tablón de Edictos. La respuesta del alcalde ha sido la contraria: suprimir el español de las únicas actas municipales que aún lo conservaban.
