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La Generalitat se allanó en el contencioso del Teatro Romano
30.05.08 | 01:54. Archivado en Columnas

Si la Consellera de Cultura, Trini Miró, supiera de qué va el rollo este del Teatro Romano, andaría más prudente y modosita con las afirmaciones extemporáneas que está realizando, con el ánimo de predisponer a la opinión pública y al propio Poder Judicial en contra del cumplimiento de la sentencia del Teatro Romano.

Uno de los detalles que desconoce o sospechosamente oculta es que su Conselleria, la que presuntamente dirige y gobierna, se ‘allanó’ en su día -ganadas las elecciones el PP en la Comunitat Valenciana- a las pretensiones de la parte recurrente, y se quedó sólo pleiteando el Ayuntamiento de Sagunt.

Que la Generalitat Valenciana se allanara -figura jurídica que sí contempla el procedimiento administrativo español, al contrario de la ‘inejecución’, que no existe, muy a pesar de lo que diga la Villalonga- quiere decir en román paladín que se conformaba con la pretensión del recurso, la de que fueran declaradas ilegales las obras del Teatro Romano y se dejara el monumento igual que estaba el día anterior al inicio de las obras.

El escrito de allanamiento del Consell estaba amparado por lo dispuesto en el procedimiento contencioso (LEC arts. 751.3, 395.1, 25.2), que supone que el demandado se allana plenamente a la súplica de la demanda, solicitando del Juzgado dicte sentencia de conformidad con la misma.

Allanada la Generalitat, el Ayuntamiento de Sagunt, más chulo que un ocho, siguió su batallita en solitario. Presentó recurso de casación ante el Supremo, después de ser vapuleado varias veces, perdiendo de nuevo, no así el Consell, porque, aunque en un principio se opuso formalmente al recurso, “se apartó luego de esa oposición”, como bien recuerda la sentencia de la sección cuarta del Tribunal Supremo, hecha pública el pasado 2 de enero.

Esta misma sentencia -habrá que explicárselo bien a la Miró- dice que tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Sagunt estuvieron de acuerdo en que las obras de desmontaje a realizar en el Teatro Romano “eran posibles y, por lo tanto, la sentencia era ejecutable una vez firme”, sólo discrepaban en el modo de ejecución.

A los banales argumentos del Ayuntamiento de Sagunt en el sentido que de acatarse y cumplirse la sentencia no se podría hacer espectáculos en el Teatro Romano, el Tribunal Supremo respondió que “concluidas las obras del Teatro podrá servir prestando el servicio cultural que cumplía, sin que su ejecución pueda afectar, y menos gravemente a la economía del municipio y a la calidad de vida de los saguntinos”.

Al alegato municipal de que el TSJCV aplicó “indebidamente” la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 y no la de Patrimonio Cultural Valenciano de 1998”, el Supremo le contestó que ello era “una cuestión completamente ajena al auto que se ejecuta y se mueve en el terreno de la hipótesis de la posible aplicación de una norma muy posterior en el tiempo a la aplicada por la sentencia”.

O lo que es lo mismo, todas las chorradas que va propalando por ahí la Consellera de Cultura del PP, ya están de sobra planchadas y rebatidas fulminantemente en las sentencias del procedimiento, así que mejor deje de marear la perdiz y no haga más el ridículo de lo que ya lo está haciendo con tanta bobez y tontería.

Que se entere de una vez que el caso del teatro Romano está más que probado, sentenciado, cerrado y firme, judicialmente, y de que la Generalitat no puede ir contra sus propios actos, ni contra el Estado de Derecho. Tampoco la panda de supuestos expertos en sentencias de Teatros Romanos convocada ‘ad hoc’, que no se han leído ni la sentencia sobre la que piden su inejecución, o no la han entendido, lo que es peor.

Baltasar Bueno