La Sanidad entra en bancarrota


*La falta de liquidez impide a varias autonomías pagar a las farmacias en lo que resta de año / Numerosas comunidades no abonarán a los proveedores hasta 2010

No hay dinero para más. Lo acaba de advertir la Comisión Europea en un durísimo informe y lo sufren en sus propias cuentas estos días los gobiernos autonómicos de casi toda España: la Sanidad se encuentra prácticamente en bancarrota y su futuro «corre un serio riesgo». Cuando quedan aún más de dos meses para que concluya el año, las arcas de los servicios de salud están vacías. De hecho, en varias de ellas apenas quedan fondos para pagar las nóminas de los médicos, las enfermeras, los auxiliares y el resto de los trabajadores de hospitales y centros de primaria.

Las razones de este agujero, que podría agrietarse todavía más en 2010, son muchas: por un lado, la crisis económica está provocando una drástica caída de la recaudación impositiva por el brusco descenso del consumo, lo que repercute en las consejerías. Por otro, el gasto sanitario y otras facturas públicas crecen y crecen de forma explosiva desde hace años sin que nadie parezca capaz de ponerles freno. Todo ello repercute en un peligrosísimo déficit público muy difícil de revertir.

Aunque el Ejecutivo comunitario sitúa los augurios más negros en el año 2060, los efectos empiezan a notarse ya, obligando a los consejeros de Salud a cuadrar un auténtico «sudoku» para salir indemnes de la quema de aquí a diciembre.

Los datos que empiezan a trascender de forma extraoficial son demoledores. Muchos de los proveedores de productos sanitarios no farmacéuticos que trabajan con hospitales y centros de salud, y que fabrican y distribuyen productos tan dispares como gasas, bombonas de oxígeno o equipos de diagnóstico por imagen, por citar sólo tres casos, no cobrarán por los mismos hasta bien entrado 2010. En Baleares, por ejemplo, la demora media en el cobro está cifrada en 503 días, de acuerdo con Fenin, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria. Entretanto, las empresas tienen que abonar salarios y afrontar gastos de producción sin poder acceder a créditos bancarios, dadas las limitaciones que imponen las entidades financieras. El resultado es fácil de apreciar: el cierre de pequeñas y medianas empresas sin «cash» suficiente para subsistir.

Problemática empieza a ser también, y mucho, la situación de las oficinas de farmacia, entre las principales perjudicadas por la angustia financiera de las comunidades autónomas y por el crecimiento desorbitado del gasto farmacéutico. Como ya ha informado LA RAZÓN, dicha partida creció en agosto casi un 5 por ciento en el conjunto del Estado, mientras que el gasto acumulado entre agosto de 2008 y el mismo mes de este año ha subido un 4,78 por ciento, una horquilla superior en casi ocho puntos al PIB nominal –el PIB más la inflación–, que decrece alrededor de un tres por ciento. En dicho período, el Estado ha abonado la friolera de 11.723 millones de euros por este concepto. Fuentes sanitarias aseguran que existen territorios como Madrid, en donde la Consejería ya ha planteado las serias dificultades que sufre para abonar las medicinas que dispensen las boticas durante los meses de noviembre y diciembre. El problema se arrastra desde verano, ya que el departamento que dirige Juan José Güemes abonó con nueve días de retraso la factura del mes de agosto. Si la falta de liquidez le impide pagar en plazo los dos últimos meses del año, el Colegio de Farmacéuticos se verá obligado a pedir un crédito para retribuir a los boticarios. ¿Quién se haría cargo de los intereses generados por dicho crédito?

Retrasar el pago
La situación es aún peor en otros territorios. Cataluña y Andalucía, por ejemplo, utilizan los conciertos suscritos con los colegios provinciales para dilatar más aún que Madrid el pago de las recetas, mientras que en Murcia, las autoridades abonan desde junio a las farmacias sólo el 80 por ciento de los medicamentos dispensados. El resto, previsiblemente, se pagará a principios de año, coincidiendo con la entrada en vigor de los presupuestos y cuando la Región perciba la parte del pastel de la financiación que le corresponde.

Así las cosas, no empiezan a ser raras las revueltas autonómicas contra el Gobierno y, especialmente, contra el Ministerio de Sanidad, al que reclaman mayor firmeza en la contención de partidas que se hallan bajo su competencia como, precisamente, la farmacia. El último ejemplo de los encontronazos se ha producido a raíz de la decisión de Sanidad de autorizar la venta con receta de Tamiflu. Feudos socialistas como Andalucía, Cataluña y País Vasco arremetieron la pasada semana contra Trinidad Jiménez porque dicha decisión convierte en absurdo el gasto en el que incurrieron para adquirir el principio activo del producto, al que sería complicado encontrar salida en el mercado.


Un «pacto de Toledo» sanitario
La angustiosa falta de fondos que padecen las arcas autonómicas para sufragar la asistencia sanitaria ha puesto en tela de juicio el Pacto de Estado que el Ministerio de Sanidad intenta fraguar en el Congreso de los Diputados con todos los grupos políticos.

- Algunos consejeros equiparan dicho pacto con las conclusiones de la fallida subcomisión que en la primera legislatura del PP trató de concretar medidas para la mejora y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, y restan valor a la posible efectividad del mismo.

- Entre ellos, varios defienden la necesidad de alcanzar un acuerdo efectivo, similar al de Toledo, suscrito por todos los partidos en materia de pensiones, y cuyo éxito ha quedado patente con el paso de los años.

- El problema para el futuro es grave: mientras el gasto farmacéutico se dispara y también lo hace el de personal –que representa alrededor de un 40 por ciento del total–, el incremento presupuestario lo hace a menor ritmo y la riqueza nacional, medida en parámetros como el Producto Interior Bruto, está decreciendo. La ecuación es imposible y el sistema está a punto de reventar.

Tres cuentas
1/ Farmacias: Las boticas de muchas CC AA ya han visto retrasado o recortado el pago de sus facturas con la Sanidad pública en un marco de gasto farmacéutico desbocado, con una subida del 4,78%.
2/ Proveedores: Los suministros a centros de salud y hospitales no se pagan, en algunos casos, hasta 500 días después de recibida la mercancía, como sucede en Baleares.
3/ Hospitales: Muchos centros sanitarios apenas cuentan con fondos suficientes para pagar los sueldos de médicos, enfermeros, auxiliares y demás personal.


fUENTE: http://www.burbuja.info/inmobiliaria...ancarrota.html