Se querella por vía penal contra Época por el reportaje sobre su voto fraudulento.

De la Vega contraria, ahora, a pedir pena de cárcel para los periodistas

Incongruencia es la palabra que mejor define la posición de María Teresa Fernández de la Vega sobre el derecho a la libertad de expresión de los profesionales de la comunicación. Mientras, mantiene un juicio penal contra la revista Época por desvelar que se empadronó de forma irregular en Beneixida.

La vicepresidenta afirma que ella siempre estará en contra de que se impongan penas de prisión a quienes están ejercitando la libertad de expresión. En respuesta a la sentencia que condena a casi dos años de prisión a dos directivos de la Cadena Ser, De la Vega declaró ayer desde Bruselas que ella es “claramente partidaria” de la libertad de expresión y rechazó que se impongan penas de cárcel a los profesionales de la comunicación cuando están ejercitando este derecho fundamental.

“Creo que la libertad de expresión puede convivir claramente con el resto de derechos sin necesidad de acudir a penas de prisión”, declaró De la Vega al ser preguntada por el caso de los periodistas de la Cadena Ser condenados por un delito de revelación de secretos en el ejercicio de la profesión periodística, por hacer pública una lista de afiliaciones irregulares al Partido Popular de la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón.

Aunque con prontitud aclaró que para formular una opinión sobre ese caso era necesario esperar a la sentencia en firme de los jueces –la decisión inicial ha sido recurrida por los demandados–, la vicepresidenta insistió en que la libertad de expresión de los periodistas no puede verse limitada con penas que conlleven la privación de libertad. Por contra, en el juicio que la Fiscalía General del Estado en nombre de Fernández de la Vega mantiene contra Carlos Dávila y Maite Alfageme, director y subdirectora de Época –ahora también director y directora adjunta de LA GACETA–, la vía judicial elegida ha sido la penal.

Es decir, que mientras la vicepresidenta consiente que la Fiscalía actúe de oficio en su nombre acusando de injurias y calumnias a Dávila y Alfageme, ella proclama que es contraria a que se actúe por esa misma vía judicial contra los periodistas. La contradicción es evidente. Por su parte, desde el PSOE, Leire Pajín también insistía ayer en que la sanción contra los periodistas de la Ser es “desproporcionada”. La secretaria de Organización destacó en este sentido que “cuando una información es veraz y de interés general no debe tener límites, como dice nuestra propia Constitución”. Una opinión que el Ejecutivo y el partido que lo sustenta debería aplicarse también en el caso de la querella que De la Vega ha interpuesto contra la dirección de este diario.