Algo huele mal en Cataluña. El Gobierno no lo dice, pero el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) es implacable. Hay algunos colectivos minoritarios que han recibido varios millones de euros. Las transferencias de la administración catalana hacia determinadas organizaciones funcionan a la perfección. Aunque el Gobierno elude dar explicaciones, siempre quedan constancias del envío de fondos o de subvenciones. Oficialmente, la Administración se escuda en que las ayudas importantes son publicadas en el DOGC. Y, las demás, se cuelgan en los tablones de anuncios de las consejerías respectivas. Y ahí cada cual.
Pero, a raíz de la noticia publicada en este diario sobre las subvenciones al Centre Internacional Escarré per les Minories Ètniques i Nacionals (Ciemen), que invitó a asistir a Cataluña como observador internacional en el referéndum independentista a Lander Etxebarría, acusado de pertenencia a ETA, la polémica sobre las ayudas se ha recrudecido.
El dinero para celebrar los fastos salió de las arcas de la Agencia Catalana para la Cooperación y el Desarrollo (ACCD), que dirige David Minoves y que depende directamente del vicepresidente catalán, Josep Lluís Carod-Rovira. El diputado del Grupo Mixto en el Parlamento catalán José Domingo pidió al Gobierno el detalle de las subvenciones a esta organización, que lidera el antiguo monje Aureli Argemí. Pero el Gobierno adujo que las subvenciones de más de 3.000 euros las podía consultar en el DOGC, y las de menos, en los tablones de anuncios de las consejerías. “¡Como si los diputados estuviésemos para pasarnos cada día por cada uno de los tablones de anuncios de cada consejería!”, se queja Domingo, a quien se le negaron todas las cifras requeridas.
En los presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el 2010, según la documentación en poder de este diario, hay una partida, no cuantificada, para el Ciemen, con la descripción “Xarxa Mundial pels Drets Col.lectius dels Pobles”. En otras palabras, para la creación de la red mundial para los derechos colectivos de los pueblos, a la que asistió Etxeberría. No detalla monto económico, pero su código es el 232 y la aplicación económica, la 4820001. Bajo estos mismos códigos se esconde otra ayuda para el “proyecto de fortalecimiento y socialización de la nueva constitución política en Bolivia”. Y, bajo el código 451, otro convenio económico sobre “legislación internacional” y la misma aplicación.
Pero sobre este el oscurantismo brilla alguna luz. En mayo del pasado año al Ciemen se le asignaron 60.000 euros para la creación de la Xarxa -a cuenta de 2008-; 80.000 euros más para el impulso de esta organización en 2009 y 75.000 euros para el año 2010. En total, 215.000 euros. Por tanto, el acto de Gerona fue pagado con los presupuestos públicos y entra dentro de esta última asignación.
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