La voz de alarma sobre lo que estaba ocurriendo en Valencia la dio una niña de diez años, Natalia Santacreu, que se desplazó hasta Madrid para exigir que se le devolvieran sus sobresalientes, que se le habían arrebatado por no contestar en valenciano sus exámenes.

Finalmente, la consejería de Educación se decidió a aplicar de "forma excepcional" y durante este curso un "tratamiento lingüístico diferenciado" a la pequeña. Esto ocurría el pasado mes de marzo. Pero justo un año antes, es decir, en marzo de 2009 la misma consejería de Educación se comprometió con la Fundación Unidad + Diversidad a que para este curso que viene (2010-2011) los padres tendrían la oportunidad de decir si están de acuerdo o no con esta política lingüística y por tanto podrían poner, de forma representativa, una equis en la casilla del idioma.

Tras varios intentos consiguieron reunirse con la secretaria autonómica de la consejería de Educación, Concha Gómez. Según indicó el presidente de la Fundación, Juan de Dios, sorprendentemente les preguntó cuántas personas serían capaces de poner en la calle para reivindicar sus peticiones. "Los nacionalistas nos ponen a 20.000", espetó.

"Con este criterio de gobierno, donde sólo la algarada y el chantaje son los criterios de decisión, me temo que el bien común es algo que ni se considera", señalan desde la Fundación.

A pesar de estos argumentos, consiguieron llegar a un acuerdo, que ni siquiera era vinculante: incluir en las inscripciones de escolarización una casilla donde los padres pudieran escoger el castellano como idioma vehicular para sus hijos con independencia del idioma que oferte el centro escolar, de manera que la Consejería de Educación conociese la demanda real de los padres y adecuase la oferta de los centros educativos a dicha demanda. Es decir, una especie de encuesta para testar a la sociedad.

Además, la Fundación Unidad + Diversidad exigió que todas las solicitudes fuesen gestionadas por la Consejería de Educación y fuesen auditables por el Ministerio de Educación de manera que se cuantificasen las peticiones de cada uno de los programas lingüísticos y estos se pusieran en relación con la actual oferta en los diferentes centros educativos.

Pero cuál fue su sorpresa que al hacerse públicas las solicitudes de admisión para el curso que viene dicha casilla no existía y la promesa se había incumplido.

Es por ello que desde la Fundación Unidad + Diversidad piden al Partido Popular que "garantice en la Comunidad Valenciana la libertad de elección de los padres", y que abandone la "esquizofrenia política que hace exigir esta libertad en las Comunidades Autónomas catalanas y vasca pero sin embargo no cumple en la Comunidad Valenciana donde gobierna". Tampoco en la gallega, como se ha demostrado recientemente.

"Además de incumplir el programa electoral, el Partido Popular muestra un miedo irracional a la libertad de los padres a escoger aquello que consideran mejor para sus hijos".

Ante este incumplimiento de sus promesas, la Fundación Unidad + Diversidad va a solicitar reunirse con el consejero, Alejandro Font de Mora, a los efectos de acordar un plan de acción que materialice la libertad de elección real de todos los padres de los alumnos valencianos, para permitir:

•que quede constancia en las instancias de matriculación el idioma vehicular que quieren los padres
•que se adecue la oferta educativa a la demanda que manifiestan dichos padres de familia
•y que se garantice por ley el ejercicio de este derecho.

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