Zapatero dilapida en siete meses 360 millones en subvenciones ‘ideológicas’

La supresión de estas ayudas podría haber evitado la eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial. El cheque bebé costó en 2007 una cifra similar. El jefe del Ejecutivo no cree en el ahorro de estas partidas. Fundaciones progresistas y sindicatos, los que más reciben.



El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ha desembolsado en lo que va de año sólo en subvenciones prescindibles, aunque –eso sí– de marcado carácter ideológico, 360 millones de euros. Todas ellas guardan un denominador común: contentar a colectivos teóricamente afines y garantizar así futuros apoyos para evitar una debacle electoral. Aquí se aglutinan sindicatos, fundaciones y editoriales afines, grupos de presión, colectivos homosexuales y feministas, asociaciones pro Memoria Histórica, organizaciones no gubernamentales con actuación en Cuba, abortistas, cineastas titiriteros...

Pese a que el jefe del Ejecutivo ha repetido por activa y por pasiva que la aplicación de recortes en este tipo de partidas presupuestarias no iba a suponer un alivio reseñable para las cuentas de la Administración, LA GACETA ha realizado un compendio de esas ayudas que las maltrechas arcas estatales se podrían haber ahorrado. La suma de todas ellas no es, en absoluto, insignificante. Máxime cuando el actual Gobierno ha pasado a la historia de la política española en este semestre como el ejecutor del mayor recorte de derechos sociales desde la Transición.

Así, la cifra de casi 400 millones de euros cobra resonancia si se compara con otras magnitudes consecuencia de la improvisación que ha impregnado cada paso de Rodríguez Zapatero en materia económica. Precisamente, una de las medidas del tijeretazo, con aplicación a partir del 31 de diciembre de 2011, es la supresión del cheque bebé (ayuda directa de 2.500 euros por hijo nacido o adoptado a las madres españolas o inmigrantes con más de dos años de residencia). Esta iniciativa estrella –ya existían fórmulas similares a nivel regional– que el presidente del Gobierno se sacó de la chistera para sorprender al arco parlamentario en el Debate sobre el Estado de la Nación de hace tres años provocó que el Estado soportara hasta finales de 2007 el coste de este regalo a más de 150.000 niños: 400 millones de euros.

Por otro lado, a través también del citado decretazo social, el Ejecutivo ha decidido acometer la eliminación, de golpe, del régimen transitorio para la jubilación parcial. Es decir, ha establecido que, a partir de ahora, sólo podrán acogerse a esta modalidad los mayores de 61 años que tengan un mínimo de 30 años cotizados y al menos seis de antigüedad en la empresa, con un máximo de reducción de jornada del 75%. El ahorro de esta idea, prevé el Gobierno, será de 400 millones, 250 este año y otros 150 más en el próximo ejercicio.

El recorte del sueldo de los funcionarios que prestan servicio a la Administración General del Estado forma parte igualmente del recetario con que los socialistas pretenden reducir el déficit, tras la llamada de atención de la Unión Europea. Dicha medida no se ha quedado ahí, pues las comunidades autónomas se han visto obligadas a aminorar el bolsillo de sus empleados públicos, tratando de evitar el “agravio comparativo” con los primeros. La Comunidad de Madrid, en concreto, acordó el pasado junio rebajar un 5% la nómina de cerca de 200.000 trabajadores. Además, la presidenta Esperanza Aguirre cobrará casi un 17% menos del salario fijado en el presupuesto autonómico de 2008, y los vicepresidentes y consejeros regionales, por su parte, un 12%. Todo ello, calculan, les permitirá dejar de asumir 400 millones de euros anuales. Y éstas son sólo algunas de las muchas contrariedades que parecen escapar a los fontaneros de Moncloa.