El Supremo estudiará si Zapatero y De la Vega cometieron falsedad documental



Los bandazos políticos del Gobierno de Zapatero en materia económica han provocado unas consecuencias jurídicas que llegarán al Tribunal Supremo. En los próximos días, la Sala Penal del Alto Tribunal recibirá un auto de inhibición del Juzgado de Instrucción Número 1 de Madrid, que instruye una querella que acusa al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y a los vicepresidentes De la Vega, Salgado y Chaves, de un presunto delito de falsedad en documento público. Así se desprende del auto notificado a las partes el pasado 2 de septiembre.

La querella también se extiende a Pedro Castro Vázquez, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, y a Fernando Pérez Sánchez, director general del Secretariado de Gobierno del Boletín Oficial del Estado (BOE).

El motivo de la querella fue la corrección de errores publicada en el BOE de 25 de mayo, que modificaba la fecha del decreto-ley que prohibía a los ayuntamientos endeudarse a partir del 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2011.

Sin embargo, la corrección del BOE sustituyó dicha fecha por la siguiente: “A partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2011”. Según la denuncia que interpuso el Sindicato Manos Limpias, “la rectificación de un elemento sustancial requería hacerse mediante otro decreto ley aprobado en Consejo de Ministros y no se hizo”.

Por este motivo, el juzgado de instrucción madrileño entendió que había indicios delito por lo que abrió el pasado 2 de julio diligencias previas dentro del procedimiento abreviado 3930/2010. Posteriormente, la acusación popular transformó la denuncia en querella y amplió el número de imputados a los miembros del Gobierno.

Esto supone, según el auto del juez, que “corresponde a la Sala Penal del Tribunal Supremo conocer de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el presidente y los miembros del Gobierno”. En consecuencia, “este juzgado carece de competencia para conocer de las presentes actuaciones”.

Así las cosas, “una vez que el Supremo reciba el auto de inhibición la Sala de admisión, compuesta por cinco magistrados, solicitará al Ministerio Fiscal un informe sobre la competencia de la Sala y el contenido de las diligencias”, apuntan fuentes jurídicas. A continuación la Sala decidirá lo que corresponda. Existen varias posibilidades: “Que el tribunal decrete el archivo de las actuaciones, que admita la competencia, pero remita al juzgado de instrucción la causa para que siga investigando o que acepte la remisión de la querella”, explican las mismas fuentes. Si se da esta situación, entonces la Sala de admisión nombrará a un instructor para que practique las correspondientes diligencias.
Prevaricación

La acusación popular acusa a los miembros del Gobierno de que su conducta “constituye un delito de falsificación de documento público de los artículos 390.3 y 4 del Código Penal, así como prevaricación del artículo 404”. Para la ministra de Economía y vicepresidenta segunda, Elena Salgado, “el delito cometido es un error sin importancia”, apunta la querella.

Pero la acusación va más lejos al afirmar que “los querellados han causado una tremenda sensación en la sociedad de inseguridad jurídica, ya que han transmitido idea de que existen vías alternativas para conseguir un objetivo eludiendo el cumplimiento de las leyes”. Lo cierto es que no se puede justificar la urgente necesidad de un decreto ley retrasando siete meses su entrada en vigor.


Fuente:la gaceta