La Generalitat se enfrenta a un recurso de inconstitucionalidad por imponer el catalán

Así lo ha queirdo Impulso Ciudadano por obligar a presentar los trabajos en ese idioma para la concesión de becas




Otro nuevo recurso va a tener que lidiar la Generalitat, a la que se le acumulan en los últimos tiempos. En este caso se trata de Impulso Ciudadano, la asociación del diputado autonómico José Domingo, que ha decidido presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El motivo es la concesión de becas del Departamento de Justicia de la Generalitat para la investigación, estudio y análisis en los ámbitos de la ejecución penal, la mediación penal, la atención a la víctima, la Administración de justicia y el derecho civil catalán.

Según afirman las bases de la convocatoria, se obliga a presentar los trabajos en catalán. Para Impulso Ciudadano, esto es “discriminatorio por razón de lengua al vulnerarse el derecho de opción lingüística que consiste en la posibilidad de dirigirse a la Administración catalana en cualquiera de las tres lenguas oficiales”.

“Las bases de la convocatoria obligan a presentar en catalán el proyecto de investigación o la parte delimitada de éste (base 5.4 e) y el ejemplar del trabajo, tanto en formato DINA4 como en soporte informático (base 13)", rezan las bases.

Todo ello es considerado inconstitucional por la asociación que preside José Domingo. “Los términos de la convocatoria se consideran contrarios a la Constitución, al Estatuto de Autonomía, a la Ley de Política Lingüística y a la Ley del aranés”. La decisión de obligar a utilizar el catalán es “desproporcionada y no justificada”.

A modo de conclusión, Impulso Ciudadano recuerda que la Generalitar “fomenta la discriminación lingüística y vulnera los derechos lingüísticos de los catalanes y se sitúa, una vez más, al margen del contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional que ha establecido que no cabe preferencia a favor de ninguna lengua oficial y que las lenguas oficiales deben ser utilizadas con normalidad por y ante la Administración autonómica”, concluye.

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