La Fiscalía evita salir rápido en defensa del socialista Luna tras amparar a Bono

El Ministerio Público ha tenido casi un mes para pronunciarse en favor del portavoz del PSOE en las Cortes Valencianas. Abundan las semejanzas con la causa del ex ministro.

Dice el refranero que las “comparaciones son odiosas”, pero, en Derecho, la flexibilidad del principio de igualdad –recogido en la Carta Magna– a la hora de enjuiciar dos casos de gran similitud no es infinita. La imputación, esta semana, del portavoz del Partido Socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, como autor de un presunto delito de cohecho ha multiplicado los interrogantes sobre por qué no se sigue la causa contra el presidente del Congreso, José Bono, y sí contra otros políticos de igual o distinta afiliación.

En el apartado de semejanzas entre el proceso en que se han visto implicados, por un lado, Luna, y por otro, la tercera autoridad del Estado, conviene empezar por los hechos indiciariamente constitutivos de delito. En lo que atañe al socialista valenciano, el promotor Enrique Ortiz habría pagado reformas en un piso de la mujer del ex alcalde de Alicante por valor de 698.600 pesetas (4.198 euros). Unos arreglos –acondicionar un tabique y pintar y colocar baldosas en una terraza– que se llevaron a cabo entre noviembre de 1997 y febrero de 1998 en un inmueble localizado en la urbanización conocida como Las Chicharras (Alicante).

Por su parte, al ex ministro de Defensa, tal y como desveló en su día LA GACETA, la sociedad Reyal Urbis, del empresario Rafael Santamaría, le pagó la decoración de dos dormitorios de la casa que posee en Olías del Rey. Los trabajos se hicieron en febrero de 2001 y costaron 1.276.000 pesetas (7.669 euros). Ambas operaciones guardan un parecido razonable, aunque hay más. Las empresas contratadas, en uno y otro contencioso, han admitido, aunque no todavía en sede judicial, que los trabajos efectuados fueron asumidos por terceras personas, muy próximas a los actores protagonistas. El albañil que remodeló entonces la casa de Luna ha reconocido a este diario que fue Ortiz quien le pagó el total de aquellas peonadas, previo adelanto de 300.000 pesetas (1.803,04 euros). Del mismo modo, Mari Carmen Pérez, propietaria de la empresa Cecilia Gómez SL, confirmó a LA GACETA la facturación de elementos de decoración para la casa de Bono a nombre de Ayala 3, sociedad cuyo accionista único es Reyal Urbis. La contabilidad de Cecilia Gómez SL registra que la compañía de Rafael Santamaría efectuó en su cuenta el ingreso de esas 1.276.000 pesetas. En los dos casos existe, asimismo, un pasado común entre el principal implicado y el intermediario. Entre 1999 y 2003, Luna trabajó para Enrique Ortiz, imputado ahora en el caso Brugal, como abogado de su empresa. Previamente, el portavoz socialista habría realizado encargos de asesoría al grupo del promotor alicantino desde el despacho de abogados Pérez Segura Asociados. En la otra parte, la vinculación de Bono y Santamaría también es muy estrecha e incluso va más allá de lo meramente profesional.

Además del nexo que supone que una de sus hijas, Ana Bono Rodríguez, trabajase en el gabinete de la asesoría jurídica de Reyal Urbis –hizo alguna gestión presencial ante el Ayuntamiento de Guadalajara–, y que durante tres semanas, del 18 de septiembre al 9 de octubre de 2007, incluso llegase a formar parte de su consejo de administración, está el padrinazgo que ejercieron los Santamaría en el bautizo de Sofía Bono –Reyal Urbis no sólo decoró la habitación de Sofía, que el presidente del Congreso justifica como regalo por dicho bautizo, sino también la de otra hija, Amelia–.
Claro que si hay un elemento que une especialmente a estos amigos ése es el ladrillo, lo que lleva a sospechar de cierto favoritismo administrativo, luego agradecido por la contraparte.

Durante los años 1991 y 1994, periodo en el que Luna ejerció como alcalde de Alicante, el ayuntamiento adjudicó obras por valor de 7,1 millones de euros –casi 1.200 millones de las antiguas pesetas– al conglomerado del constructor imputado. Enrique Ortiz consiguió en este tiempo casi 75 concesiones del consistorio, el 30% del total de las obras municipales. La actuación más relevante fue la renovación de parte de la zona de La Explanada, por la que recibió, en una ristra de contratos, 404 millones de pesetas (2,4 millones de euros).

En lo relativo al caso Bono tales concesiones llegaron en forma de subvenciones. En los años 2000-2001, el Gobierno de Castilla-La Mancha dio más de 120.000 euros a Yalqui SA, constructora de Santamaría. Este dinero se camufló como ayuda “relacionada con la actividad agraria”, la cual sólo genera el 0,5% de los ingresos de dicha entidad, dedicada fundamentalmente a la venta de pisos. Tampoco puede pasar inadvertida la reincidencia de Ángel Luna y José Bono en la aceptación de dádivas con origen en esos mismos amigos. A la hípica Almenara que posee el presidente del Congreso en la provincia de Toledo llegaron, entre 2005 y 2006, un par de caballos –Farceur du Haul y Jikael de la Babett–, que, tal y como salió publicado hace unos meses, fueron adquiridos por Rafael Santamaría para luego regalarlos a la familia Bono. El coste de esos caballos superó los 200.000 euros.

Asimismo, aunque no hubiese de por medio ningún obsequio material, a esta lista habría que añadir otra operación de la que salió beneficiado el ex ministro: la permuta que le facilitó el dueño de Reyal Urbis. A Santamaría, según ha confesado él mismo, el canje inmobiliario de un piso que tenía su amigo en Madrid por dos áticos de lujo en el complejo Las Náyades de Estepona (Málaga) le costó 914.680 euros. Y puesto a agasajar, el promotor también puso a disposición del dirigente socialista las estancias de su cortijo El Carrascalillo en Ciudad Real y de su chalé de Jávea (Alicante). Al otro lado del espejo, respecto al portavoz del PSOE en las Cortes Valencianas, cabe reseñar que tras trabajar en la empresa de Enrique Ortiz cayó en sus manos un vehículo de lujo (Audi A6 2.5 TDI) del grupo promotor. La titularidad del mismo le fue transferida de modo oficial por el propio constructor alicantino en octubre de 2002, después de haber hecho uso del mismo durante un buen tiempo.

La mayor cercanía, en el tiempo, de esta acción, que las reformas de la casa de Las Chicharras, a finales de 1997, sirve para burlar la estrategia de la defensa que pasaría por decir que los posibles hechos delictivos derivados de esas obras habrían prescrito.

Citación

Este lunes, el portavoz socialista debe declarar ante el juez en calidad de imputado, después de que, el pasado 27 de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se declarara competente para investigar a Luna. Fue el inicio de un proceso, cuya enorme semejanza al caso Bono sólo se ve distorsionada por dos aspectos que no dejan de ser claves: la actuación de la Fiscalía y el papel del querellante. Desde el 27 de octubre y tras haber sido informado de las actuaciones, el Ministerio Público aún no ha se pronunciado en contra de Luna, a diferencia de lo ocurrido con Bono. La Fiscalía del Tribunal Supremo –el presidente del Congreso es aforado– no tardó en archivar la investigación solicitada por el PP e incluso se ha esmerado en buscar y presentar controvertidos documentos para exculpar a Bono, como informó LA GACETA el 5 de noviembre.

Por otro lado, hay que considerar que, aunque los populares pidieron al fiscal que rastreara al ex ministro de Defensa, de momento aún no se han personado como acusación ante el Alto Tribunal –sí lo han hecho tanto Ciudadanía Anticorrupción como la Asociación Preeminencia del Derecho–. Una pasividad que choca con la contundencia con la que seis diputados regionales del PP en la Comunidad Valenciana han llevado a Luna ante la Justicia. Compromiso con la transparencia, ante todo.

Fuente la gaceta

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Parece que el que lanzo la piedra no esta libre de pecado... ni en su propio partido se molestan en taparle la mierda debajo de la alfombra como si han hecho con Bono.