El presidente de la Diputación de Lérida se enfrenta a una posible causa por injurias o calumnias contra un juez

El obispo de Lérida, Joan Piris, ya se enfrenta a acciones penales emprendidas contra él por negar la devolución de dos obras de arte aragonesas que siguen en el Museo Diocesano de Lérida a pesar de pertenecer a dos municipios oscenses, las de Peralta de Alcofea y Berbegal. Y por el conflicto de los «bienes de la Franja», ahora es el presidente de la Diputación de Lérida, Jaume Gilabert, quien podría acabar ante los tribunales por injuriar o calumniar al juez que dictó un auto con el que se reconocía la legitimidad que el Gobierno de Aragón tiene para acudir a los tribunales, por la vía contencioso-administrativa, para defender la recuperación de estas obras de arte. Mientras tanto, la Generalitat y el Consorcio del Museo Diocesano de Lérida han recurrido contra la declaración de algunas de esas piezas, por parte del Gobierno aragonés, como Bienes de Interés Cultural (BIC) de esta Comunidad autónoma.
Y todo esto mientras siguen retenidos en el Museo leridano los conocidos como «bienes de la Franja», el centenar de obras de arte de parroquias aragonesas que se ordenaron devolver a la Diócesis oscense de Barbastro-Monzón a través de una sentencia firme de los tribunales eclesiásticos —con plena eficacia en el ordenamiento jurídico español—.

A pesar de las sentencias y de las pruebas acumuladas para demostrar que los «bienes de la Franja» y las piezas de Peralta de Alcofea y de Berbegal son propiedad de municipios aragoneses, Cataluña mantiene su negativa rotunda a entregarlas. En esta estrategia participan, de forma coincidente desde hace años, la Generalitat, el Obispado de Lérida y otras instituciones civiles catalanas como la Diputación ilerdense.
El abogado que defiende los intereses de Peralta de Alcofea y de Berbegal en este conflicto, Jorge Español, insiste en que algunas de esas acciones son constitutivas de delito. De ahí que se hayan promovido acciones penales contra el obispo Piris. Igualmente considera obligado que la Justicia actúe penalmente contra el presidente de la Diputación de Lérida, por haber atacado verbalmente al juez de lo Contencioso-administrativo número 1 de Lérida, por el auto en el que éste reconocía la legitimidad del Gobierno de Aragón para defender la propiedad aragonesa de estas obras de arte ante los tribunales. Lo que irritó a Jaume Gilabert fue que el juez aludiera al contraste entre la actitud que Cataluña tiene con los «bienes de la Franja» y la que mantuvo, por el contrario, para hacerse en su día con los denominados «papeles de Salamanca». En su auto, este juez indicó que «lo que Cataluña pretende es negar a Aragón su derecho a intervenir en este proceso, el que a Cataluña por cierto no se le negó en los procesos que se abrieron en el asunto de los papeles de Salamanca».

Esta apreciación provocó unas duras declaraciones del presidente de la Diputación leridana. Gilabert afirmó que esa afirmación del magistrado solo podía deberse a dos motivos: «o es un ignorante o es un partidista». A renglón seguido defendía que, por eso, el Consorcio del Museo de Lérida debía recusar a este juez para apartarlo del caso.

Intervención de la Fiscalía

El abogado Jorge Español puso estas declaraciones en conocimiento de la Fiscalía de Lérida, a la que pidió que abriera diligencias de oficio contra el presidente de la Diputación, diligencias que efectivamente se han incoado. Jorge Español subraya que «decir de un juez, fuera del proceso judicial, que es parcial, aunque sea incluso aprovechando el contemplar su posible recusación “ad futurum”, es el mayor insulto que se le puede hacer a un servidor del Poder Judicial». Además, según este letrado, calificar a un juez de «ignorante» es «un claro insulto que ofende al Poder Judicial, y más tratándose de un juez especialista en la materia contencioso-administrativa que, amén de otros méritos, resulta además que es un famoso especialista en temas de patrimonio artístico». Jorge Español, en el escrito que en su día dirigió a la Fiscalía, subrayó que «estas reprobables frases» son «todavía más inadmisibles en boca de un responsable de la Administración» y «podrían constituir un presunto delito de calumnias o de injurias contra la autoridad judicial en el ejercicio de su cargo».

http://www.abc.es/20101209/local-ara...012090719.html