La consellera de Justicia, Pilar Fernández Bozal, redactó personalmente en octubre de 2009 como mínimo dos de los recursos que la Abogacía General del Estado en Cataluña presentó contra la consulta independentista de Arenys de Munt, según informa El Periódico.

Fernández Bozal sostenía que Arenys de Munt ponía en peligro "la estabilidad política y social" de España al ceder sus locales para llevar a cabo el referéndum, una decisión municipal que equiparaba a la de los ayuntamientos vascos que permiten instalar las capillas ardientes de terroristas de ETA en edificios consistoriales.

"Estimamos que plantear una consulta popular en términos que afectan a la integridad territorial del Estado y la soberanía nacional sí es una cuestión que afecta al interés general y genera un perjuicio para la estabilidad social y política", argumentaba, a además de indicar que se trataba "de un asunto de especial relevancia, no para los vecinos de un municipio concreto, sino de todo el Estado español, porque comprometía la integridad del territorio nacional".

"Tanto si la calificamos de referéndum como si la calificamos de mera consulta popular municipal es necesaria la autorización del Gobierno de la nación", añadía, además de repescar dos sentencias judiciales del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

En una, se condenaba un municipio por "la cesión de las dependencias municipales para instalar la capilla ardiente" de un etarra que murió al hacer explosión una bomba que transportaba en un vehículo en compañía de otros miembros de la banda. El otro caso con el que la consejera comparó los supuestos excesos competenciales de Arenys de Munt es el del Ayuntamiento de Gatika (Vizcaya), que imprimió carteles en los que se solicitaba el traslado de los presos etarras a cárceles de Euskadi.

http://politica.e-noticies.es/bozal-...ras-48560.html