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La dignidad de la función pública

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Tema: La dignidad de la función pública

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    La dignidad de la función pública

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    La dignidad de la función pública





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    José Manuel Bou/ En el siglo XIX los empleados públicos eran escogidos por las autoridades políticas por las únicas razones de confianza personal, es decir, que entraban todos a dedo. Cuando el partido político gobernante cambiaba, todos se iban a la calle y el nuevo partido enchufaba a los suyos. Esta situación quedó magistralmente retratada en novelas de la época como “Miau” de Benito Pérez Galdós. Más adelante se instauró el modelo francés o de funcionarios de carrera para garantizar el acceso a las funciones y empleos públicos a las personas más preparadas, que eran inamovibles más allá de los vaivenes políticos. En los últimos años hemos presenciado la progresiva erosión de este modelo. La clase política más corrupta de la historia de España, ha estado sustituyendo al funcionario de carrera que había aprobado una oposición para entrar en la administración, por el enchufado, lameculos de la autoridad política de turno. Un regreso, en definitiva al modelo decimonónico.

    En los últimos 25 años la función pública española y, dentro de ella, la valenciana, se han degradado de igual modo que la clase política que las dirige. El modelo tradicional del empleo público español, el cerrado o de carrera, no era perfecto, destacándose entre sus problemas la endogamia, el acomodamiento o la falta de motivación de sus funcionarios. Sin embargo ese modelo garantizaba que las administraciones públicas contaran con un personal cualificado, que al desarrollar toda su vida profesional en el desempeño de funciones públicas adquiría unas destrezas administrativas importantes y que era independiente e inmune a los cambios políticos. En la actualidad ese modelo ha venido siendo parcialmente sustituido por el anglo-sajón o abierto, caracterizado por una menor estabilidad en la relación entre la administración y el empleado público, y lo ha hecho de un modo poco armonioso, dando palos de ciego con reformas sin sentido, que con la excusa de luchar contra la endogamia o el acomodamiento, solo servían para vulnerar los principios de igualdad, merito y capacidad en el acceso a la función pública. Dicho de otra manera para enchufar a sus amiguitos.

    Algunos de los cambios que ha experimentado la Administración Española en los últimos años son los siguientes:

    Duplicidad de órganos causada por el sistema territorial.
    Aparición del personal laboral como alternativa al funcionarial.
    Popularización del concurso-oposición como sistema de selección.
    Aumento de la temporalidad.
    Aumento del personal eventual y de los asesores.
    Aumento de los puestos a proveer por libre designación.

    El resultado de este proceso ha sido una Administración con un personal menos cualificado, menos motivado, con menos experiencia y más dependiente de los cambios políticos, sobredimensionada en algunos órganos y con escasez de personal en otros y, en definitiva, menos eficaz.

    En los últimos meses, aprovechando la crisis y la indignación que genera entre la población todo lo que suene a privilegios, los políticos (los grandes privilegiados) ayudados por ciertos medios de comunicación han seguido la estrategia de menoscabar la dignidad de la función pública, despreciando el trabajo de los funcionarios y demás empleados públicos para eliminar de este modo resistencias a su plan de sustituir la “meritocracia” por la “dedocracia”.

    El primer paso lo dio la defenestrada vicepresidenta de la Vega en la negociación por el incremento de retribuciones de los funcionarios, afirmando que era “indecente” que los funcionarios hubieran visto incrementadas sus retribuciones a lo largo de los últimos años en más de un 5%, cuando la media europea ronda el 3%. Lo cierto es que en Europa los funcionarios cobran bastante más que en España, incluso en proporción al resto de sueldos. Ser funcionario en España tiene una serie de ventajas, pero las altas retribuciones no suelen estar entre ellas. Los españoles quieren ser funcionarios para tener estabilidad, tranquilidad o un buen horario, pero no para hacerse ricos. Finalmente el aumento pactado fue del 0,3%, es decir, en la mayoría de los casos unos pocos euros (4 o 5), pero como las retenciones fiscales aumentaron, en limpio muchos funcionarios pasaron a cobrar hasta 150 euros menos. Después vino la bajada de sueldos. Una media del 5%, que en algunos casos fue superior. No contentos con ello, el plan continuó:

    Haciéndose eco de lo que ya había propuesto la CEOE en Julio, en Octubre de 2010, el presidente de Mango proponía que se pudiera “despedir funcionarios”, es decir, un golpe de muerte al modelo de carrera. Por supuesto los políticos dijeron que no con la boca pequeña, pero en su fuero interno se relamían de gusto pensando en los amiguetes que iban a poder enchufar gracias a los tontos útiles de turno.

    Poco después el Mundo publicaba que el 40% de los funcionarios cobran más de 2000 euros al mes. No sé como los periodistas del Mundo hicieron el cálculo, pero un funcionario de grupo A (el superior) en la Administración General del Estado, o en la Generalitat Valenciana comienza cobrando unos 1500€, muchos trienios y muchos destinos después puede que llegue a sobrepasar los 2000, pero no lo logrará todo el mundo. Para un auxiliar será casi imposible. En un centro de empleo, por ejemplo, en el que trabajen 20 funcionarios, solo el director de la oficina sobrepasará esa cantidad. No me salen las cuentas por mucho que lo intente. Por muchos jueces, médicos o pilotos que rebasen los 2000€ hay más auxiliares, policías, administrativos, ordenanzas o incluso técnicos que ya les gustaría cobrar eso. La única explicación es que en sus cuentas el Mundo haya incluido a diputados, senadores, asesores, directores generales y personal político en general. Así sí que puede que salgan los cálculos, pero entonces deberíamos concluir que lo que sobran no son funcionarios, sino políticos.

    El diario Levante se ha constituido en una especie de azote de funcionarios en los últimos meses, denunciando los incumplimientos horarios en la administración de justicia y la falta de eficacia de los servicios públicos de empleo. Que en unos juzgados donde trabajan más de 3000 empleados públicos hayan encontrado a 10 o 12 que fichan antes de aparcar, no deja de ser anecdótico. Es cuestionable el gusto, por otra parte, de quien se dedica a perseguir a auxiliares que cobran 1000 euros, mientras nadie se pregunta qué horario cumplirá el juez, el director general, ni mucho menos el conseller. ¿Por qué el periodista del Levante no visita a Leire Pajín, a ver a qué horas entra o sale del ministerio? Que en unos juzgados que no tienen dinero ni para folios, se hayan gastado una millonada en unos complejos sistemas para fichar con huellas, que son tan fáciles de burlar, no deja de ser cuestionable. Asegurarse de que un funcionario (o cualquier trabajador) cumpla su horario es tan fácil como que su jefe lo cumpla también. No hacen falta máquinas ni periodistas del Levante.

    La falta de eficacia de los servicios públicos de empleo es cuestión aparte. Resulta fácil entender que si a los valencianos les cuesta mucho encontrar empleo no es porque el sistema de colocación del SERVEF funcione mejor o peor, sino porque no hay trabajo. Al margen de esta obviedad, los servicios de empleo tienen dos hándicaps importantes, el primero es que la base de datos con la que trabajan es de gente que quiere cobrar una prestación, pero no siempre trabajar, con lo que los empresarios se cansan de que el “paro” les envíe gente que les dice: “firme como que me he presentado para que no me quiten la paga, pero ni se le ocurra cogerme”. El segundo es que el factor experiencia es fundamental para el desarrollo de los servicios de intermediación laboral y los centros de empleo son paradójicamente de los centros administrativos con más temporalidad. De nuevo en el ejemplo de antes, un centro de empleo con 20 funcionarios puede que solo cuente con 3 o 4 de carrera, siendo todos los demás interinos, que en cualquier momento pueden pasar a ver el paro desde la otra orilla. Aún así, las cosas tampoco son como dice el Levante, que en su editorial de 23 de Febrero acusa al SERVEF de ofrecer solo 37 ofertas. Lo cierto es que en esa fecha la web del SERVEF tenía 37 ofertas en publicidad, cifra ridículamente baja, que refleja la situación de crisis que estamos viviendo, pero decir que: “ Ayer mismo, el Servef sólo estaba en condiciones de ofrecer 37 puestos de trabajo al más de medio millón de valencianos que hay en paro” es una falsedad. La mayoría de las ofertas se gestionan por vía interna y solo una pequeña parte pasa a publicidad. Un centro de empleo de los más activos puede estar gestionando ahora mismo unas 20 ofertas, otros menos, pero si los sumamos obtendremos una cifra, aún insuficiente para el elevado número de parados, pero muy superior a lo que el Levante afirma. Si seguimos leyendo la editorial veremos que lo que pretende justificarse es la parcial privatización de este servicio, que producirá pingües beneficios a las ETT que se transformen en agencias privadas de colocación, pero difícilmente ayudará a trabajadores o empresarios a nada.

    El sentido crítico con la gestión administrativa y la exigencia de ejemplaridad a los empleados públicos no debe confundirse con una facilona minusvaloración del funcionario que menoscabe su dignidad profesional y colabore en el deterioro del servicio público y en la sustitución del modelo de funcionarios de carrera por el de politiquillos enchufados, que es a lo que nos lleva esta deriva anti-funcionarios que perpetran políticos corruptos, periodistas desinformados y líderes empresariales oportunistas.

    Solo con una clase política digna podremos tener una función pública eficaz.



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  2. #2
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