Se apela constantemente en cuanto a soberanía, costumbres, lengua, etc. al “pueblo catalán”. Pero, ¿quién es ese pueblo? ¿Cuál es el contenido semántico-político de “pueblo catalán”? El término procede del latín populus y se refiere al conjunto de la población de una nación-estado, pero también se entiende como parte de un país “pueblo andaluz” o una ciudad como “pueblo de Barcelona”.

La palabra, por tanto, es ambigua y habrá que situarla en el contexto para su correcto entendimiento. Cuando Cicerón en el año 54 aC habla del “Senatus et populo romano” se refiere al conjunto de los hombres de Roma. Entiende como pueblo también a los plebeyos, porque el Senado lo constituían los patricios. El problema es más serio en un contexto político-jurídico.

Ya en las Siete Partidas de Alfonso X El Sabio, en plena Edad Media, se advierte que pueblo no solo es ‘la gente menuda como menestrales y labradores sino el ayuntamiento de todos los hombres comunalmente: de los mayores, de los menores y de los medianos’. Hay, por tanto, desde los orígenes de la palabra pueblo una constante tendencia hacia la unión. Pero el concepto sociopolítico de pueblo, desde las constituciones más antiguas hasta las más modernas, se entiende como pueblo a los ciudadanos integrantes de un Estado que son los titulares de derechos y obligaciones civiles y políticas:

* ‘Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos’ (1787)

* ‘Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República [...]‘ (1917)

* ‘La soberanía nacional reside en el pueblo español’ (197

Pero la palabra pueblo sigue siendo polisémica, por lo tanto sujeta a interpretaciones. Desde la reivindicación de lo popular en lo cultural, arte, literatura, lenguas vernáculas, etc. del Romanticismo del siglo XIX, en el que se generan los nacionalismos, hasta las reivindicaciones netamente políticas de los nacionalistas catalanes (CiU, ERC, PSC, ICV) cada uno arrima el ascua a su sardina precisamente en la sesgada interpretación de la Constitución española.

Así, cuando en el preámbulo de la Carta Magna se dice: ‘La Nación española [...] [proclama] proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones’, los nacionalistas interpretan pueblo como sujeto de derechos y deberes sociopolíticos solo a los catalanes de habla catalana y de ellos solo a los que comparten sus ideales nacionalistas-independentistas dentro de su imaginada Nación catalana para quien reclaman el derecho de soberanía a través de un nuevo Estatuto (cuasi Constitución por su extensión y pormenorización de su articulado) al que no parecen alterar los ajustes legales hechos por el Tribunal Constitucional.

Una lectura objetiva y desapasionada del preámbulo de nuestra Constitución indica claramente que es ‘la Nación española’ el sujeto de la oración (los patricios y los plebeyos, la gente menuda y los notables) y el sujeto de la soberanía. Ese pueblo convertido en Nación mediante la aceptación de unas leyes, la Constitución de 1978, que comportan derechos y deberes iguales para todos los españoles, independientemente de dónde hayan nacido y de qué lengua hablen habitualmente.

Ellos son quienes proclaman su voluntad de ‘proteger a todos los españoles y pueblos’ en sus derechos y sus culturas. Si parte de ese pueblo español decide unilateralmente cambiar esa unión nacional, debería lógicamente preguntarle a todo el conjunto de pueblos que forman la Nación española -único sujeto de soberanía – cuál es la forma de Estado para la convivencia pacífica del siglo XXI. Porque de eso se trata en las consultas independentistas no vinculantes de estos últimos tiempos. Se trata de modificar la forma de Estado español.

CiU aprovecha la fragilidad del Gobierno, en un momento de crisis económica y política sin precedentes, para organizar consultas populares sobre la independencia de Cataluña para lo que carece de competencia. CiU pisa un terreno harto resbaladizo jurídicamente, dice muy poco de la seriedad y responsabilidad de Artur Mas, diciendo mucho sobre su incompetencia para solucionar los graves problemas que acosan al “pueblo catalán”. Porque si la Generalidad no tiene competencia para una consulta popular sobre la independencia de Cataluña, si esa consulta no tiene validez jurídica alguna, ¿qué es lo que realmente se pretende con este rosario de consultas?

Primero, escenificar y extender, por medio de la propaganda que suponen las urnas callejeras, la idea de que la independencia catalana es posible y que no tiene consecuencias adversas. Segundo, tensionar la relación del Gobierno autonómico de CiU con el Gobierno con objeto de sacar tajada económica y política, como han hecho siempre: “O me das lo que pido o me independizo”. Tercero, echar las culpas de la situación de emergencia económica que vive Cataluña al Gobierno bajo la sutileza (implícita en la palabra independencia) de que “solos, sin la atadura del resto de España, solucionaríamos todos nuestros problemas”.

Lo que probablemente el Gobierno autonómico de CiU desconoce es que se esta generando en el resto de España tal hartura sobre las reivindicaciones constantes de los nacionalistas y los constantes desprecios al resto de los españoles, a sus símbolos, a su lengua, a sus costumbres que, si en estos momentos se propusiese una consulta popular sobre la independencia de Cataluña, vinculante y jurídicamente irreprochable, a todo el conjunto de pueblos y ciudadanos de España (únicos sujetos de soberanía) lo más probable es que saliese un ‘sí’ a la independencia de Cataluña en el resto de España, y un ‘no’ rotundo en Cataluña. Sabiduría del “pueblo catalán”.

Carmen Leal es profesora de Lengua y Literatura españolas

http://www.vozbcn.com/2011/04/10/667...n-carmen-leal/