Las desaladoras de Zapatero 'hacen agua': producen solo la quinta parte de lo previsto


El faraónico proyecto de José Luis Rodríguez Zapatero de construir 51 plantas desaladoras para paliar los efectos de la decisión que tomó nada más llegar al poder de liquidar el Plan Hidrológico Nacional presenta el siguiente balance: sólo 17 funcionan en parte y producen un 16,4% de los hectómetros anunciados para 2012. En términos económicos, se han invertido ya 1.664 millones de euros y concluir las 15 que están a medias costará otros 762 millones más.

La construcción de plantas desalinizadoras de agua en algunas provincias de las cuencas del Mediterráneo estaba ya en marcha en 2004, pero como complemento dentro del Plan Hidrológico Nacional a los trasvases entre cuencas, en especial la del Ebro. Zapatero decidió contentar al tripartito catalán y al gobierno formado por socialistas y regionalistas del PAR en cuanto alcanzó el Ejecutivo y enterró uno de los principales proyectos de Aznar (pactado con la mayoría de las autonomías incluida la de Castilla-La Mancha controlada por José Bono).

Del concepto ‘nacional’ del agua que se podía compartir se pasó al de que era propiedad del ‘territorio’ por donde pasaba. Para paliar los agravios y el freno que suponía al desarrollo de las regiones perjudicadas (Comunidad Valenciana, Murcia y este de Andalucía), Zapatero convirtió el complemento en fundamento y ofreció como solución a la escasez de agua multiplicar el tamaño y el número de las desaladoras, 22 más de las previstas. Puso al frente del Ministerio de Medio Ambiente y del plan a Cristina Narbona, antigua partidaria de los trasvases.

El Gobierno del PP hereda ahora la antigua ‘solución’ de Zapatero como un problema añadido al drama presupuestario de la crisis. Las plantas desaladoras no están ni a medio construir, necesitan hasta 2.426 millones de euros para quedar terminadas, el precio del agua que producen en un disparate para los agricultores, los grandes proyectos urbanísticos que debían atender ya no existen y en la Unión Europea se preguntan cómo se han empleado los fondos comunitarios destinados a las plantas.

Los datos que maneja el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente perfilan un balance muy negativo que obligará a un rediseño completo del programa de desalinización del agua del mar. De las 51 plantas prometidas hace siete años, 17 están en explotación, 15 en construcción y el resto ni empezadas. Las que funcionan lo hacen a medias y sólo producen 111 hectómetros cúbicos de agua desalada, apenas un 16,45 por ciento del total de 678 hectómetros cúbicos prometidos para finales de 2012.

El coste estimado por el Gobierno para que las 32 desaladoras iniciadas estén plenamente operativas es de 762 millones de euros. Esa inversión es el único medio de no tirar los 1.664 millones que ya se han empleado. En los Presupuestos Generales del Estado para este año Agricultura ha mantenido las inversiones mínimas para concluir la construcción de las plantas más avanzadas, como es el caso de la de Campo de Dalías (Almería), dotada con 47 millones de euros.

Ni para urbanizaciones ni para agricultura

Hay otros proyectos como el de Oropesa que ahora resultan como mínimo prescindibles. Después de gastar 100 millones de euros para abastecer un crecimiento urbanístico de 60.000 viviendas y 5 campos de golf, la zona no lo precisa porque no se ha construido nada y los ayuntamientos no quieren cargar con el coste del convenio pactado en su día con la empresa estatal de las desaladoras, Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed).

En el caso de la agricultura el empleo del agua de las plantas desalinizadoras también está cuestionado por el Ministerio. El sector agrario no puede pagar el metro cúbico para regadío a más de 0,30 euros y el coste del agua desalada está a 1,1 euros. Los agricultores no quieren el agua desalada salvo que esté subvencionada por el Estado.

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