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El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, abrirá diligencias informativas sobre la aplicación de la figura de crímenes contra la Humanidad a las acciones de ETA. Según ha podido saber ELMUNDO.es, así se lo ha trasladado esta mañana a la víctima de ETA Ramona Garrido, viuda del empresario José María Latiegui, asesinado por la banda en 1981 en un crimen que precisamente fue declarado prescrito en 2009.
Garrido se había trasladado a Madrid desde San Sebastián para reunirse con los grupos del Congreso de los Diputados con el objetivo de que estos conformasen una Comisión sobre los exiliados por el terrorismo etarra. Y esta misma mañana tenía previsto citarse también con Torres-Dulce.
En el cónclave, ha presentado junto con su abogado una serie de documentos que, a jucio de ambos, evidencian que España no ha venido cumpliendo varios tratados internacionales que en su día firmó. El fiscal general del Estado, tras valorar la documentación, ha asegurado que se trataba de un planteamiento "novedoso".
El asesinato de José María Latiegui fue declarado prescrito en 2009
A renglón seguido, Torres-Dulce se ha comprometido a abordar un estudio formal, que tendrá su eco en la apertura de diligencias informativas sobre la posible aplicación de la figura de crímenes contra la Humanidad a las acciones terroristas de la banda.
El experto en derecho penal internacional Miguel Ángel Rodríguez, que representa a esta víctima de ETA, sostiene el carácter de lesa humanidad en el contexto de una persecución, informa Europa Press. Así, ha recordado que España firmó en 1977 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y en 1979 el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ambos textos establecen la obligación de aplicar el Estatuto de Londres de la Corte Penal Internacional de Nüremberg de 1945 a los crímenes contra la Humanidad.
'Un tratado define estos crímenes como imprescriptibles'
Garrido ha defendido en la reunión que su marido fue asesinado por ETA cuatro años después de la firma de esos tratados internacionales y posteriormente la banda mató a otras 792 víctimas mortales además de las miles de personas aún a falta de investigar sobre las que los terroristas han desarrollado crímenes de persecución. "No puede ser que el crimen contra Latiegui sea considerado prescrito cuando se comete cuatro años después de que España firmase un tratado que define estos crímenes como imprescriptibles", defienden.
"Creemos que estamos ante un presunto genocidio intentado", ha apostillado Rodríguez, quien no obstante considera que la figura procesal aplicable sería asesinato selectivo y persecución de lesa humanidad.
Este miércoles serán recibidos por la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, con quien abordarán esta cuestión. Paralelamente, también tiene una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para recabar apoyos para abrir una investigación sobre los expulsados por el terrorismo. Solicita crear una Comisión que abordaría el derecho al "regreso digno y seguro" de quienes abandonaron el País Vasco a causa del terrorismo de ETA y para ello necesita el respaldo de al menos dos grupos, según el reglamento de la Cámara Baja.
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