Todos los partidos de la oposición, los sindicatos más representativos y asociaciones del ámbito de la enseñanza y la cultura de Baleares se han unido para rechazar la «agresión» que supone para la lengua catalana y el modelo educativo de las islas la reforma que propone el ministro José Ignacio Wert.

Representantes de una treintena de entidades han suscrito una declaración conjunta contra el proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) planteado por el Gobierno y se han reunido hoy para reclamar al Govern y a los diputados de las islas «que defiendan los intereses de Baleares y que no permitan una invasión de competencias, tanto educativas como lingüísticas».

La declaración, a la que también se ha sumado el exdiputado del PP y alcalde de Manacor Antoni Pastor, defiende que el actual modelo educativo «garantiza la competencia lingüística y comunicativa en las dos lenguas oficiales» de los estudiantes del archipiélago.

«La reforma es centralizadora y supone un ataque a un modelo propio de escuela basado en el arraigo en el entorno y en una gestión adecuada de unas competencias educativas propias que ahora quedan muy dañadas», subrayan los firmantes.

Para estos grupos, «la embestida estatal contra la presencia del catalán en las aulas pretende dar un golpe mortal a la lengua catalana, pilar de la cohesión social que el modelo educativo vigente ha garantizado hasta ahora».

Además, alertan de la «segregación» que supondría que se financiara con fondos públicos la educación en centros privados de los hijos de familias que quieren que sean educados «exclusivamente en castellano».

«Reclamamos que no se rompa el consenso mayoritario expresado por la mayoría de los agentes de la comunidad educativa y de la sociedad civil en cuestiones de enseñanza en catalán, la lengua y cultura propias de las Islas Baleares», recalca el manifiesto.

Preguntado por esta declaración tras el acto conmemorativo del Día de la Constitución, el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, se ha limitado a asegurar que su Ejecutivo cumple con las leyes vigentes y con su «compromiso electoral» de garantizar el derecho a la escolarización en castellano de las familias que deseen que esa sea la lengua en la que aprendan a leer y escribir sus hijos.

«Lo lamentable es que otros en el pasado quisieran modificar esa línea» marcada por el Estatuto de Autonomía y la Constitución, ha asegurado.


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