La juez permite un homenaje a una dirigente del Frente Popular para la Liberación de Palestina

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decidió permitir la entrada en España de la dirigente del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), Leila Khaled a pesar de que las siglas a las que representa están incluidas en el listado de organizaciones terroristas de la Unión Europea, Canadá, Australia y Estados Unidos.

Khaled fue recibida por dirigentes de la CUP en el aeropuerto y después invitada a pronunciar unas palabras en una de las salas del Parlament de Cataluña bajo el lema, Bienvenida a los Países Catalanes. La dirigente del FPLP ha sido invitada mañána a un acto en su honor en la Fira Literal de Barcelona -subvencionada por el Ayuntamiento- en el que se llevará a cabo la presentación de la edición en catalán de su biografía Leila Khaled: Mi pueblo vivirá.

La juez respondió de este modo a las denuncias presentadas por la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo y por la B'nal B'rith Nahmanides en las que solicitaban que se impidiera que la dirigente del FPLP pudiera pisar territorio nacional y en las que se acusaba al Consistorio barcelonés de «connivencia» con el terrorismo.

La magistrada no ha dado respuesta todavía a otra denuncia impulsada por la asociación estadounidense The Lawfare Proyect que requiere que se emprenda una investigación sobre los movimientos bancarios de Leila Khaled y de los fondos puestos a su disposición en la Fira Literal por la editora de su libro Tigre de papel, por su distribuidora Virus Editorial y por la plataforma de microdonaciones Verkami, dado que son fondos que, según la asociación Lawfare Proyect, están financiando y colaborando con una organización terrorista.

Leila Khaled es conocida por ser la primera mujer que participó en el secuestro de un avión civil. Fue en agosto de 1969, cuando desvió el vuelo 840 de la TWA que se dirigía de Los ángeles a Tel Aviv. No hubo heridos aunque Khaled hizo estallar la aeronave. Se hizo seis operaciones de cirugía estética para burlar los controles policiales y poder así participar en otras acciones delictivas. En 1970, esta dirigente del Polit Buró del Frente de Liberación Nacional de Palestina trató de secuestrar el vuelo 219 de Amsterdam a Nueva York como parte de una serie de actos simultáneos. El ataque fue frustrado, su compañero cayó abatido y ella consiguió quedar en libertad como parte de un intercambio de prisioneros. Nunca fue juzgada por los secuestros.

Para la Liga Internacional contra el Racismo, las actividades de Leila Khaled «en su calidad de dirigente y portavoz autorizada de la organización terrorista FPLP», chocan con el Código Penal vigente y con la normativa comunitaria. De hecho, según recuerda esta organización, en 2008 el Gobierno español, tras una intervención de la Fiscalía le negó a Khaled el visado y la entrada en España. De modo que la Liga considera que el Ayuntamiento de Barcelona -y todos aquellos que le han facilitado las cosas-, al contribuir a la presentación del libro con apoyo económico y publicitario, está colaborando con un grupo terrorista y está actuando «en beneficio de los objetivos propagandísticos de la organización FPLP». «La suya es una actitud dolosa», se remarca.

Por su parte, The Lawfare Proyect, sostiene que Kahled se presenta en estos momentos como «embajadora» del FPLP «en actos de campañas contra Israel en el extranjero en los que invariablemente vindica la lucha armada reclamando una ruptura terminante tanto con los acuerdos de Oslo como con la solución de los dos Estados». Esta organización añade que el FPLP es el responsable, entre otros, del asesinato el 18 de noviembre de 2014 de seis personas «con hachas, cuchillos y un arma de fuego» en una sinagoga de Jerusalem y de la muerte de otra, cuyo vehículo fue tiroteado, en junio de 2015..

The Lawfare Proyect considera que la Ley Europea y el Código Penal reservan penas de un año a cinco de prisión a quienes no colaboren con la autoridad para prevenir la financiación del terrorismo y no cumplan con su obligación de hacerlo y recuerda que la jurisdicción española tiene competencia para conocer de los hechos cometidos por extranjeros fuera del territorio nacional cuando se trata de actos de terrorismo.

Por el momento, la Audiencia Nacional no ha considerado que, al menos una parte de los argumentos establecidos por los denunciantes, deba tener consecuencias.

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